El asesinato del camionero Byron Castillo en Antofagasta, es un síntoma más de la crisis de seguridad que la ciudadanía percibe en el país. El gobierno de Sebastián Piñera ha sido incapaz de proteger las comunidades, incapaz de responder por la seguridad pública, que es parte de la función del ministerio del interior. Su única respuesta, es recurrir a fórmulas fracasadas como lo demuestra la experiencia en la zona macro sur: los estados de excepción, reflejo de la carencia de gestión en materia de seguridad y busca salir del paso con medidas efectistas más que efectivas.
La crisis en el norte es primero que todo una crisis de seguridad, que además tiene otros componentes, pero que deben ser tratados con políticas públicas sectoriales a cada situación y que, por cierto, en algún momento se interceptan.
Otra de esas situaciones diferente a la crisis de seguridad, en la crisis humanitaria en Venezuela, que ha generado una fuerte migración en la región y dónde Chile en el final de la ruta, siendo Colombia y Perú, los principales receptores de esta migración. El gobierno ha perdido el control de la frontera, se ha negado a ser parte de un sistema de cooperación internacional para abordar la crisis humanitaria.
En este contexto, sectores racistas y xenófobos, con la complicidad comunicacional del gobierno y prensa hegemónica, han pretendido confundir la crisis de seguridad pública producto del abandono de las comunidades, para instalar su discurso de odio. El mecanismo es antiguo, pero efectivo: mezclar verdades y mentiras. Veamos:
El Sol sale por el oriente; el sol se pone por el poniente; el mar es salado y la tierra es plana.
Esta forma de instalar mentiras en medio de verdades irrefutables para que parezcan de "sentido común", lo hemos visto muchas veces en el manejo comunicacional a la hora de elaborar políticas públicas sobre migración o sobre la crisis con el pueblo Mapuche.
La instalación de un sujeto migrante "bueno" y otro "malo", ha sido recurrente para justificar la pésima gestión de un gobierno en materia de seguridad, instalando como sinónimos migración y delincuencia, es decir, mezclando verdades con mentiras, que a veces se juntan, pero son fenómenos diferentes.
Necesitamos una migración ordenada, segura, con fronteras controladas y con apego a los estándares internacionales en derechos humanos, y eso significa una política migratoria eficiente e interseccional.
Las comunidades necesitan protección, independiente de la nacionalidad de quien afecte su bienestar, y ese es un tema de seguridad pública.
En San Fernando, se desalojó familias que acampaban en la plaza, muchas con niñas y niños, y el concejo municipal se apresta a una ordenanza para prohibir acampar.
Por cierto, la comunidad legítimamente le preocupa el uso de los espacios públicos donde se va a recrear, pero esto mismo debe ir acompañada de políticas que protejan el bien superior de niñas, niños y adolescentes, pues no es aceptable discriminar en niñez de primera o segunda categoría según el pasaporte.
El municipio tiene los inmuebles sin uso para habilitar albergues transitorios que velen prioritariamente, por las familias con NNA.
Hoy esas familias han ido a incrementar el campamento a orillas del río Tinguiririca, sin agua, luz, y en condiciones higiénicas riesgosas, infrahumanas.
Una medida mal implementada, solo criminaliza la pobreza, y no colabora en la operación de las condiciones que generan la vulnerabilidad. La superación de estas condiciones, debe ser el norte de cualquier política pública: mejorar el bienestar de las comunidades, en especial de grupos de especial protección como niños, niñas y adolescentes.
Si vemos en San Fernando un aumento de personas en los campamentos, no digan que no la vieron venir.Alejandro Herrera F.
Director ejecutivo ONG Joane Florvil
CRISIS DE SEGURIDAD
