Esta semana, el gobierno anunció el segundo paquete de medidas económicas para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El 19 de marzo pasado el Gobierno puso en marcha un Primer Plan de Emergencia, por casi 12 mil millones de dólares, equivalentes a un 4,6 % de nuestro Producto Interno Bruto. El Plan también incluyó un bono, el Bono Covid19, que se benefició a 2.8 millones de personas vulnerables.
El segundo anuncio de plan económico, tiene dos focos: el primero de 2.000 millones de dólares, que representa el 0,8% del PIB, señala es para apoyar trabajadores por cuenta propia, sin especificar de que manera. El segundo foco, línea de crédito a PYMES, con aval del estado mediante el FOGAPE. Utilizar el mecanismo del FOGAPE como principal medida para el rescate de las PyMES les entrega a los bancos la potestad de determinar a quienes conceder y a quienes no el financiamiento con garantía estatal. Dado lo anterior se puede dar el caso que, por un endurecimiento de los requerimientos, los bancos decidan no proveer de liquidez a todas las PYMES más vulnerables a pesar de tener la garantía estatal. Un ejemplo de esto son las PYMES que en este momento se encuentran en DICOM producto de la situación económica que se produjo posterior al estallido social. Esto, habitualmente, las imposibilita a obtener créditos con gran parte de la banca privada.
En general, en los anuncios del gobierno, se hecha de menos medidas de protección a las y los trabajadores
1.- Congelamiento de aumentos salariales para gerentes y altos cargos de las empresas.
2.- No retiro de utilidades / dividendos por al menos 12 meses.
3.- Mantener al menos el 90% de la planta laboral de febrero 2020. El gran argumento para que entren las grandes empresas en este fondo con garantía estatal es la cantidad de empleo que las grandes empresas producen, no incorporar este criterio no asegura en nada la protección de esos empleos.
4.- Rebajar las barreras de entrada para obtención de crédito con garantía FOGAPE a las MiPymes, absteniéndose los bancos de justificar rechazo por DICOM o deudas tributarias u de otro tipo.
5.- Ampliar el equivalente de tres a seis meses de venta el monto del crédito a recibir.
6.- Segmentar el monto de las colocaciones de los bancos con garantía fogape con el siguiente criterio:35% a grandes empresas (sobre 100mil UF de ventas) 20% a medianas y 45 % a pequeñas y micro. (comisión económica CS)
La renta mínima de emergencia, propuesta por el frente amplio, parece una herramienta en la dirección correcta para aliviar a las y los trabajadores informales y que estos no tengan que salir de sus casas a buscar los recursos para el sustento familiar.
Es importante que el costo de la crisis no la paguen los más vulnerables, que se les proteja. El gobierno, a tono con el modelo neoliberal consagrado en la constitución, usa preferentemente el mecanismo de traspasar fondos públicos a privados para enfrentar la crisis.
Se vienen tiempos difíciles. Han aumentado los casos de violencia intra familiar, el consumo de alcohol y la salud mental de las y los chilenos se ha deteriorado.
También se presentó un proyecto de ley para suspender las negociaciones colectivas mientras dure la pandemia. Parece razonable, salvo por la letra chica que dice” Con todo, lo establecido en el inciso primero no tendrá efecto cuando las partes, de común acuerdo, manifiesten su voluntad de iniciar o continuar un proceso de negociación colectiva”.”. Lo anterior introduce un conflicto jurídico importante. Por cuanto produce el efecto de rebajar el derecho a la negociación colectiva de un estándar de derecho fundamental garantizado por la Constitución, y al cual el empleador no puede negarse, es una obligación para el negociar colectivamente, a un derecho que queda sujeto a un acuerdo de las partes. Es decir, que, si el empleador no da el acuerdo, en conformidad a lo señalado por la norma propuesta, no habrá negociación colectiva.
La precarización del trabajo.
Alejandro Herrera Felipe
