El cambio de gabinete, la cuenta pública y la asonada ultraderechista contra comuneros mapuches

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La semana recién pasada ha estado marcada por tres hechos: el cambio de gabinete, la cuenta pública presidencial y al finalizar la semana la asonada ultraderechista contra los comuneros movilizados en apoyo a los Presos Políticos Mapuches en la Araucanía. Estos hechos marcarán el devenir político en el mediano plazo y determinaran el rumbo que tomará el gobierno derechista de Sebastián Piñera durante el año y medio que le resta.

El cambio de gabinete puede ser leído como un intento del gobierno de ordenar su frente interno, luego de las duras derrotas legislativas sufridas en las últimas semanas, de las cuales el retiro del 10% de las AFP, con algunos votos rebeldes de la propia derecha; es paradigmático. Deben también hacerse cargo de su bajísimo nivel de aprobación ciudadana, de los graves problemas que deberá enfrentar producto de la pandemia sanitaria y sus efectos sociales, en una larga lista de pendientes.

La entrada de ministros de la derecha pinochetista dura al gabinete, no hacen presagiar cambios en la agenda del gobierno, que lo acerquen a las expectativas de cambios hacia una mayor justicia social, que tiene una gran parte de la ciudadanía y por ahora las señales son que cambian los nombres pero que la dirección en que marcha el gobierno se mantenga, incluso impuesta con mayor dureza.

Es interesante observar la trayectoria de Víctor Pérez, designado Ministro del Interior por el Presidente Sebastián Piñera, que tiene un historial de vida política vinculada a la dictadura cívico-militar, que generan dudas respecto de sus méritos para ser titular de esa cartera en un régimen formalmente democrático. En estos días, diversos medios de prensa publicaron los nexos de Pérez con Colonia Dignidad, siendo alcalde -designado por la dictadura- de una zona donde operaba ese reducto dirigido por nazis, entidad investigada hasta hoy por violaciones a los derechos humanos, específicamente como centro de torturas, ejecuciones y desaparición de personas.

La cuenta pública presidencial, no trajo consigo ninguna novedad, fue un largo discurso donde más allá de las típicas enumeraciones y reiteraciones propias de la retórica piñerista, llamados al dialogo en general, no hubo autocritica ni reconocimiento de errores en el manejo de la pandemia, o por los atrasos y errores en las ayudas sociales, ni mención a la situación de derechos humanos, y lo más relevante es que no hubo anuncio de una nueva estrategia desde La Moneda, de modificaciones en la forma de ver la crisis sanitaria y social, no se presentó una nueva ruta, en medio de extendidas críticas a la forma que viene funcionando el gobierno, las continuas derrotas en el Parlamento y los cuestionamientos al manejo general del país en esta situación de pandemia y crisis económica y social.

No se puede en una columna de opinión política, dejar de mencionar y repudiar los graves hechos de violencia política ocurridos en la zona Mapuche, protagonizados por elementos vinculados al grupo de extrema derecha Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA). Esta organización realiza acciones contra las comunidades mapuches, hostiga y ataca a las organizaciones indígenas, acusa de "terroristas" a los comuneros y es constante en exigir "mano dura" al gobierno frente a la protesta social. Se sabe que están dirigidos por empresarios agrícolas y militantes de derecha.

"Rechazamos tajantemente los violentos desalojos de municipios en la región de la Araucanía" dice una declaración del Partido Comunista, frente a los graves hechos sucedidos, en los cuales sectores protofascistas atacaron a comuneros mapuches que buscaban sensibilizar sobre la prolongada huelga de hambre que sostienen presos políticos mapuches sin la atención de las autoridades y esto, inmediatamente después de una visita del ministro del interior, Víctor Pérez, a la zona.

Lo más grave, al reducir el tema del pueblo mapuche a una dimensión de orden público, es que se está escalando el conflicto y cercando espacios para que futuras autoridades, desde una racionalidad de construcción de país, puedan abordar la resolución del conflicto.

Hoy la mayoría ciudadana observa el acontecer político con alguna distancia, agobiada como está por los efectos sociales y económicos de la crisis. La urgencia en retirar el 10% de sus fondos acumulados en las AFP muestran dónde están sus preocupaciones. Y mientras los esfuerzos de la derecha pareciesen encaminarse a garantizar que el actual gobierno puede terminar su periodo y a asegurar una cantidad mayor de un tercio de los futuros convencionales constituyentes, siendo ese el objetivo político del actual "gabinete del rechazo".

En lo inmediato, el segmento más consciente del movimiento popular debe ser claro en su discurso y eficaz en su accionar, para transformar la jornada plebiscitaria del 25 de octubre próximo, en una jornada de movilización popular que permita desde el espacio político institucional avanzar hacia la necesaria transformación de la constitución que nos heredó la dictadura, paso necesario para vencer las resistencias de las élites dominantes y democratizar definitivamente nuestro país.

Gabriel Rojas Oyarce
Contador Público y Auditor
Licenciado en Auditoria
Dirigente PC San Fernando.