Con fuerte crítica a la situación de los imputados con patologías mentales y al aumento de las prisiones preventivas, se llevó a cabo la cuenta pública de la gestión 2023 de la Defensoría Penal Pública de la región de O’Higgins.
El Defensor Regional de O’Higgins, Claudio Aspe Letelier, manifestó preocupación ante el alto número de imputados en prisión preventiva en O’Higgins, 1069 hombres y mujeres hasta esta semana, considerando que muchos de ellos serán condenados a penas no privativas de libertad y otros tanto, absueltos y declarados inocentes. Según las cifras del 2023, en al menos 367 casos, la medida cautelar más gravosa fue desproporcionada en relación a la forma de término de sus procesos judiciales.
Cada año insistimos en el daño que se hace a una persona inocente privada de libertad, afectando su honor, su trabajo, su familia y su entorno, sin embargo, este llamado se hace aún más preocupante cuando el país enfrenta un histórico récord de población penal, que en O’Higgins alcanza las 2937 personas.
“No estamos ajenos a la sensación de inseguridad que tiene la población, tampoco desconocemos que en los últimos años hayan aparecido nuevas formas de criminalidad hasta ahora desconocidas en nuestro país, pero el llamado que hacemos como Defensoría, recogiendo lo expresado por la Corte Suprema, es que “Un principio capital de la reforma procesal penal es el carácter de medida de último recurso que posee la prisión preventiva, la que procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad”, expresó Claudio Aspe.
Otro acento estuvo puesto en la nula respuesta que el Estado entrega a las personas imputadas que padecen de patologías mentales, pues cuando se decretan medidas cautelares de privación de libertad (llamadas medidas de seguridad en caso de estos pacientes)
