El 27 de marzo, un día después de darse a conocer un polémico Dictamen de la Dirección del Trabajo, que permitía a los empleadores suspender la remuneración de los trabajadores sin ningún tipo de indemnización como medida frente a la emergencia sanitaria, se aprobó la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de cesantía en circunstancias excepcionales. Esta ley permite la suspensión de las relaciones contractuales mientras dure la crisis, permitiendo en tal caso que los trabajadores accedan a su seguro de cesantía.
Desde la implementación de la ley a la fecha, más de 66 mil empresas se han acogido a este beneficio, lo que involucra a un total de 516.826 trabajadores, de acuerdo al informe emitido por el Gobierno el día 23 de abril.
De este universo,151.568 trabajadores, equivalentes al 29,3% de quienes vieron sus contratos suspendidos producto de la ley 21.227, son trabajadores de grandes empresas.
Muchas de las empresas acogidas a la ley, como Cencosud, anuncian reparto de utilidades. Las utilidades son el excedente después de aplicar los gastos y los sueldos son gastos. Es absolutamente inmoral que una empresa como Cencosud disponga de 90 mil millones para reparto de utilidades entre sus dueños, pero no para pagar los sueldos de sus trabajadores y les obligan a recurrir a sus ahorros del fondo de cesantía para costear la crisis. El aporte del estado a este fondo se limita solo a 2.000 millones de dólares. La crisis la pagan las y los trabajadores. trabajadores.
Decir que nadie vio venir los efectos de esta ley es falso: la bancada de convergencia social rechazó la ley y en la discusión de la ley FOGAPE, presentó una indicación, que se perdió, que impedía a las empresas acogidas a esta ley realizar reparto de utilidades. Las cosas en su lugar.
Otros dos temas han estado esta semana en el debate: la renta básica de emergencia o ingreso familiar de emergencia y la rebaja de la dieta parlamentaria, proyecto presentado el año 2014 por Gabriel Boric y Giorgio Jackson.
En el primero, el gobierno refleja su sesgo ideológico neo liberal en las palabras del ministro Sebastián Sichel: "no podemos dar un monto muy alto porque después la gente no querrá salir a trabajar". Obvio, de eso se trata, que las personas no tengan que salir agobiadas por generar ingresos para parar la olla. Hoy, hacer cuarentena, quedarse en casa y cuidar su vida, es privilegio de unos pocos. Otra muestra más de la desigualdad.
Desde el FA se ha propuesto que el monto debe superar la línea de la pobreza e inferior al monto mínimo. ¿Cómo se financia? Con impuesto a los súper ricos, los mismos que reparten millonarias utilidades y dejan sin sueldo a sus trabajadores.
El rechazo a la rebaja e inmediata de la dieta parlamentaria en un 50%, es una vergüenza y una de las razones del estallido social: no es posible que ser parlamentario en chile es ser parte del 1% más rico.
La agudización de la crisis socio económica por el covid19 pone en riesgo un porcentaje importante de los puestos de trabajo en empresas grandes. Las grandes empresas se deben rescatar, porque representan en 33% de empleos directos. La pregunta es cómo.
En Italia, Francia, Alemania e incluso Estados Unidos, este rescate estatal se hace mediante la nacionalización parcial de estas y que el estado tenga el control en la planificación estratégica y permita la diversificación de la matriz productiva y protección al empleo. No es mediante la lógica de marcado y estado subsidario de traspasar dinero de todas y todos los chilenos a cambio de nada.
Las políticas para enfrentar la crisis sanitaria del gobierno de Sebastián Piñera han sido la ley del embudo: lo ancho para los ricos, lo estrecho para los pobres.-
Alejandro Herrera
