Hace ya unos años que hemos notado el aumento de la judicialización de conflictos relacionados con las Institucionales de Salud Previsional (ISAPRE) con la finalidad de obtener una disminución en el valor a pagar por los afiliados, ya sea debido al alza unilateral o por ingreso de carga familiar, o por la utilización de la tabla de riesgos declarada inconstitucional hace un tiempo por el Tribunal Constitucional.
Sólo en el año 2020, según la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, fueron presentados cerca de 200 mil recursos de protección en contra de estas instituciones por aumentar injustificadamente los planes de salud. Y, ¿a qué nos referimos con 'injustificadamente'? En simple, a que el aumento de los precios o la utilización de la famosa discriminación por edad y sexo, no logra ser argumentada correctamente por las ISAPRE (¡esto sucede en casi el 100% de los casos conocidos por las Cortes de nuestro país!).
Ahora, ¿por qué es recomendable presentar recursos de protección para reclamar las alzas? La respuesta sigue siendo la inexistencia de una clara regulación legal que exija mayores obligaciones a las ISAPRE de justificar sus alzas, evitando que exista un aumento parejo de todos los afiliados, aunque se encuentren en situaciones distintas. Por su parte, la Superintendencia ha dejado una sensación amarga con su apoyo al aumento de los planes en un tope máximo de 7,6%, ya que transmite a los afiliados una desprotección en sus derechos, los cuales parecieran sólo ser atendidos por medio de los recursos de protección intentados en las Cortes de Apelaciones.
Asimismo, y personalmente, me parece que la práctica de muchos abogados de cobrarse en las costas judiciales que serán de cargo de la ISAPRE vencida, absteniéndose de cobrar honorarios por sus servicios, ha permitido acercar esta tramitación a los afectados.
Hoy, la nueva ley N° 21.350 ha generado en los abogados una mayor incertidumbre en cuanto a cómo reaccionarán las Cortes de Apelaciones al respecto, pero, para los afiliados, sigue siendo la única esperanza para terminar con las decisiones que, desde una situación de asimetría, las ISAPRE han impuesto unilateralmente a la luz de la escasa legalidad.
Ignacia Vergara Caroca
Abogada
