Después de dos años en pausa, esta semana nos preparábamos con entusiasmo para realizar nuevamente el Simce. Entre miércoles y jueves, en matemáticas y lenguaje, era el turno de los estudiantes de 4° básico de nuestro Colegio Santa Lucía, de Fundación Luz, que se especializa en la atención de alumnos con discapacidad visual.
Sin embargo, ya desde el lunes empezamos a tener problemas, los cuales se concretaron al momento de llevar a cabo la evaluación. La supervisora se presentó un par de días antes en nuestras instalaciones y al ser consultada respecto a si las pruebas vendrían adaptadas, es decir, en braille para niñas y niños ciegos, y en macrotipo para estudiantes que tienen baja visión, se quedó sin palabras, agregando luego que ni siquiera estaban designados los examinadores que tomarían las pruebas.
Llegado el primer día de la prueba, las sospechas se hicieron realidad. Los dos evaluadores no tenían idea de braille ni de adecuaciones en macrotipo, conocimiento fundamental ante cualquier duda que se presente.
¿Y los textos? Acá la guinda de la torta: llegaron en un pendrive, incluyendo dos documentos, uno con las preguntas y otro para las respuestas, mecánica súper complicada para escolares tan chicos, que recién están aprendiendo la lectura de pantallas.
Lo ocurrido en este proceso es un claro hecho de discriminación. La reincidencia agrava la falta, ya que previo a la pandemia había sucedido lo mismo, cuando tampoco llegaron los exámenes adaptados, situación que se solucionó en media hora, ante la amenaza de llamar a los medios de comunicación.
Los resultados también son discriminatorios, pues se entregan de forma genérica a los colegios especiales, no a cada establecimiento de manera particular. Todo esto provoca qué desde pequeñas, las personas con discapacidad visual sientan que no pertenecen a este mundo.
Promedio rojo para el Ministerio de Educación.
Daniela Osorio, directora del Colegio Santa Lucía, de Fundación Luz
