En razón a las iniciativas elaboradas por la Comisión de Justicia de la Convención Constitucional, los Fiscales Regionales con un ánimo colaborativo y respetando y reconociendo la autonomía de este órgano, vemos con preocupación algunas de las propuestas, entre las que cabe destacar la creación de un Consejo Superior del Ministerio Público y algunas otras a las que me referiré en los siguientes 3 puntos:
1. Inconveniencia de eliminar la figura del Fiscal Nacional: El Ministerio Público debe contar con una cabeza que sea responsable de las decisiones que adopte la institución, ya que al crear un Consejo superior, se diluye la responsabilidad, se burocratiza la toma de decisiones y centraliza la mirada de la persecución penal, dejando fuera la valiosa mirada de las demás regiones del país.
2. La creación de un Consejo superior no avanza en garantizar la eventual despolitización de la dirección del Ministerio Público: Su composición en sí misma atrae el interés del poder político al ser nombrados 3 de sus 7 miembros por el futuro congreso plurinacional. Estamos por avanzar en una mayor transparencia y deber de dar cuenta de la figura del Fiscal Nacional.
3. Se plantea que los fiscales adjuntos sean autónomos en relación al Fiscal Regional, cuestión que atentaría gravemente contra el principio de igualdad ante la ley: Si deja de existir control jerárquico en la persecución penal, por parte de cada Fiscal Regional, cada fiscal adjunto puede tomar sus propias decisiones sin el control técnico del Fiscal Regional, pudiendo producirse grandes diferencias en la toma de decisiones, frente a casos similares, como asimismo, cada fiscal adjunto puede generar su propia política de persecución criminal, sin que exista una única mirada regional en la persecución delictual, haciendo imposible el transitar hacia una única mirada regional en esta materia tan esencial para la comunidad.
Pareciera entonces, que las principales críticas al rol del Fiscal Nacional, respecto del excesivo personalismo en el proceso de tomas de decisiones, pudieran ser tomadas por el conjunto del Consejo General de Fiscales Regionales, otorgándoles facultades deliberativas y no sólo consultivas como ocurre actualmente, asegurando con ello la continuidad en el ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos y de esta manera, avanzar en ir fortaleciendo la institucionalidad de forma más técnica y representativa con quienes somos conocedores de los fenómenos y la realidad delictual desde cada Región de nuestro país.
Durante los últimos días hemos sido testigos de las contundentes opiniones técnicas de un número importante de connotados académicos y referentes del sistema de justicia penal, que son coincidentes con nuestra postura institucional, y que de seguro serán de relevancia para las decisiones que adopte el Pleno de la Convención en esta materia, haciendo presente que mantenemos una plena disposición para aportar desde nuestra experiencia técnica, en todo aquello que la Convención Constitucional estime necesario.
Javier Von Bischoffshausen
Fiscal Regional (s) de O'Higgins
