Más de seis meses han pasado desde que el Senado mandó a Comisión Mixta el proyecto que busca la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que viene a reemplazar el trabajo en materia de justicia juvenil que realiza el Sename.
Sin embargo, la iniciativa aún no ha sido resuelta en el Congreso, pese a que en reiterados momentos la opinión pública y los diversos sectores políticos han abordado la importancia de generar un cambio a la forma en que se trabaja con los jóvenes infractores de ley.
Hemos iniciado un nuevo gobierno cuya agenda en materia de infancia hace aún más prioritario que el nuevo servicio vea la luz, ya que esto permitirá un cambio sustancial en el modelo de intervención, unificando los criterios a nivel nacional y favoreciendo de esta manera el trabajo con los jóvenes al generar una institucionalidad cuyas decisiones y opciones técnicas se encuentren sustentadas con evidencia científica. Así, el proceso de inclusión social de los adolescentes y la intervención de los factores y experiencias que activan la modificación del comportamiento, tendrá respaldo sobre lo que realmente funciona o no.
Pero no es lo único, el proyecto además permitiría contar con un sistema de registro unificado favoreciendo la gestión de la información. Esto, en simple, mejorará los resultados en justicia juvenil y el acceso a la información.
Por último, la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, es una de las principales vías para construir el camino hacia una mejor integración social de los jóvenes, y con ello, facilitar la reducción de la delincuencia, pues los resultados positivos en esta etapa de la vida son la mejor prevención de la criminalidad en adultos.
Si queremos realmente generar un cambio, este proyecto no puede seguir durmiendo en el Congreso o, simplemente, seguiremos con las manos atadas para lograr las soluciones que favorezcan la reinserción de estos jóvenes.
Ricardo Pérez-Luco
Investigador de la Universidad de La Frontera
