El proyecto apoyado por el representante de O’Higgins hace referencia al cohecho, fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, obligando a las autoridades a cesar sus funciones.
El diputado por la región de O’Higgins e integrante de la comisión de Educación, Eduardo Cornejo (UDI), votó a favor de un proyecto de ley que busca prohibir que las personas condenadas por delitos contra la probidad puedan acceder, postular o desempeñar un cargo público en el país.
Al respecto, el parlamentario explicó que la iniciativa legal -que fue aprobada este lunes por unanimidad en la Cámara Baja- surgió a raíz de una serie de casos donde se han visto involucradas distintas autoridades públicas, entre las cuales algunas incluso se encuentran en prisión preventiva.
Por lo mismo, lo que establece el proyecto respaldado por el diputado Eduardo Cornejo, es que todas las personas condenadas por malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y cohecho no podrán acceder ni postular a ningún cargo público, debiendo cesar de sus funciones en caso de que se encuentre en ejercicio. La norma se aplicará independiente de que la autoridad haya sido electa.
“En medio de las distintas investigaciones por delitos contra la probidad que han surgido en nuestro país, que involucran a autoridades de todo el espectro político, consideramos como esencial poder establecer una norma que prohibiera a estas personas seguir en sus cargos en caso de que sean condenadas por un tribunal. Todos sabemos que la política no atraviesa por su mejor momento, justamente por situaciones como estas, de manera que era indispensable dar una señal contra la impunidad, sobre todo pensando en todos los procesos electorales que se aproximan”, destacó.
En cuanto al detalle, el representante de O’Higgins explicó que la iniciativa -que deberá volver a comisiones antes de seguir al Senado- busca hacerse cargo de un vacío legal que existe en la actual normativa, lo que ha provocado que en algunos casos los condenados puedan seguir en funciones.
Sin embargo, Cornejo lamentó que el proyecto incluyera la posibilidad de que los afectados, siempre y cuando la inhabilidad no sea a perpetuidad, puedan solicitar al Senado eliminar dicha prohibición una vez que hayan transcurrido 15 años desde la condena. A su juicio, cualquier persona sentenciada por delitos en contra de la probidad “no debería ejercer nunca más un cargo o una función pública”.
Pese a lo anterior, el parlamentario por el Distrito 16 llamó al Congreso a despachar lo antes posible la iniciativa, además de solicitar al Ministerio Público que pueda mejorar la persecución de cualquier conducta reñida con la ley, manifestando que “la corrupción debe ser investigada y sancionada venga de donde venga, y en ello la Fiscalía juega un papel trascendental en nuestro sistema democrático”.
“Nuestro deber es buscar y respaldar todas las propuestas que apunten a perseguir la corrupción en nuestro país. Lamentablemente, durante los últimos años hemos conocido de una serie de casos que requieren ser investigados y sancionados, caiga quien caiga. Por eso estamos apoyando con fuerza este proyecto, porque resulta absolutamente inentendible que una autoridad condenada por cualquier de estos delitos pueda seguir en su cargo o volver a postular”, cuestionó el parlamentario.
