Desde 2018 a junio de este año, 213 mujeres y niñas en una de las 3 causales han interrumpido su embarazo. Seremis de la Mujer y de Salud enfatizaron en la importancia de seguir mejorando y acompañando su implementación en los centros de salud.
La Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo fue promulgada el 14 de septiembre de 2017 por la ex presidenta Michelle Bachelet, una normativa que ha significado un importante avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
De acuerdo a los datos del Departamento de Estadísticas de Información de Salud, desde 2018 (año en que se implementó el sistema informático para seguimiento de la ley) a junio de 2024 han llegado a los centros de salud 5.370 mujeres y niñas que han tenido derecho a acogerse a una de las tres causales. De ellas, cerca del 85% (4.553) decidieron interrumpir su embarazo, decisión que en la causal de violación llega a cerca de 92% de los casos.
En tanto, en la región de O´Higgins, desde el 2018 a junio de este año han tenido el derecho a acogerse a una de las tres causales 213 mujeres y niñas. De las cuales, el 91% decidieron interrumpir su embarazo, donde la violación es la principal causa, llegando al 98% de los casos.
La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Constanza Valencia Sepúlveda, destacó la importancia de la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos “Estas cifras dan cuenta del poder de decisión que otorga esta ley a las mujeres. Nos muestra que las mujeres tienen la posibilidad de decidir si acceder o no a este derecho establecido en la ley, y que muchas de ellas deciden continuar su embarazo, pero que la gran mayoría decide interrumpirlo, sobre todo en el caso de violación. Por eso insistimos, la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres trata precisamente de garantizar que las mujeres puedan decidir sobre su planificación de vida. Por lo mismo, como Gobierno hemos ingresado una modificación al reglamento de objeción de conciencia para mejorar el acceso a este derecho y asegurando más y mejor información a las mujeres y niñas que se encuentran en estos casos, el que permitirá dar continuidad en la atención de manera oportuna y sin costros adicionales, evitando que tengan que deambular por diferentes centros de salud para ejercer su derecho” señaló.
El 31 de mayo de este año el Gobierno ingresó a la Contraloría General de la República modificaciones al reglamento de la ley con el objetivo de mejorar el acceso a este derecho, asegurando más y mejor información para las mujeres y niñas que se encuentran en estos casos; la creación de un protocolo de reasignación y derivación acordes a instrucciones que emitirá el Ministerio de Salud y que será común para todos los establecimientos, y otros lineamientos que permitan dar continuidad a la atención y garantizar que esta sea siempre oportuna y sin costo adicional para las mujeres y niñas, evitando que mujeres y niñas tengan que deambular entre centros de salud, cambiarse de ciudad o recorrer distintas regiones para ejercer su derecho.
Por su parte, la Seremi de Salud, Dra. Carolina Torres Pinto Señaló que “esta es una ley que garantiza el cumplimiento de garantías respecto de derechos sexuales y reproductivos para niñas, adolescentes y mujeres. Estamos muy contentas porque en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se hizo GES el mismo acceso y esto duplicó el número de mujeres que consulta respecto a la causal de violación. En nuestra Región han sido 213 las mujeres que se han beneficiado por esta ley. Agradecemos a los equipos de salud que hacen posible que ellas puedan acceder a esta ley pensando en la objeción de conciencia”.
La Autoridad Sanitaria manifestó que se ingresó una modificación del reglamento que “va a profundizar estos derechos y vamos a seguir trabajando para que sigan respetando en conjunto. Agradecemos esta iniciativa que se hizo desde el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que el Presidente Boric ha profundizado”.
La Ley que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE) permite, mediante la voluntad de la mujer, la interrupción de su embarazo en caso de riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación. En este último caso, el límite es de doce semanas de gestación y catorce semanas en caso de niñas menores de 14 años.
Es importante mencionar que desde 1931 y hasta 1989, en Chile estuvo permitido el aborto terapéutico, con una interpretación amplia respecto de las causales, esto hasta que fue prohibido por la dictadura militar. Veintiocho años después el Congreso de Chile aprobó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE).
Aunque el proyecto aprobado fue llevado al Tribunal Constitucional por la oposición de ese entonces, el órgano rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad, materializándose en la Ley N° 21.030.
