Ante la información dada a conocer por Contraloría General de la República el día 13 de abril del presente año, en la que se revela presuntas irregularidades financieras en la Corporación de Educación y Salud de San Fernando, quiero aclarar lo siguiente:
1. Dicha resolución fue compartida de manera irresponsable en el sitio del organismo, ya que el proceso aún se encuentra en curso a la espera de un dictamen final.
2. En noviembre de 2020, tras una solicitud de Contraloría General de la República, se presentaron los descargos ante el pre-informe de la entidad fiscalizadora, los que fueron enviados al organismo por mail a una casilla habilitada para dichos fines, sin embargo, de manera inexplicable y negligente la contraloría no reviso ni considero dicha información. Cabe destacar que la información enviada por parte de la municipalidad explicaba de manera detallada todos los asuntos que errada y equívocamente concluye la Controlaría en su pre-informe.
3. Debido a lo anterior, CGR acogió mi solicitud para reenviar nuevamente los descargos, los cuales están siendo analizados. Mientras, estoy a la espera de un dictamen final, que en ningún caso corresponde al que fue difundido públicamente.
4. El daño a mi honor y honra ocasionado por difusión de una resolución errada, me ha obligado a presentar, a través de mis abogados, un recurso de protección para dejar sin efecto el dictamen que, de manera arbitraria, no consideró nuestra respuesta y descargos.
5. Asimismo, he solicitado que se ordene la realización de un sumario interno para que Contraloría General de la República fiscalice y sancione a los funcionarios responsables de esta omisión grave, y el inicio de una investigación administrativa en la Ilustre Municipalidad de San Fernando, para esclarecer si el error desde el municipio responde a alguna intencionalidad de daño a mi persona en pleno periodo de elecciones.
6. Por último, he instruido a mis abogados para que estudien acciones penales contra todos quienes resulten responsables del daño a mi honor y honra, en caso de establecerse la existencia de acciones que puedan ser constitutivas de delito con un objetivo final de debilitar mi campaña política.
