Chile vive un momento histórico, al estar en marcha la creación de una nueva Carta Magna, la cual resulta de la voluntad ciudadana que se ve representada por la Convención Constitucional.
Aquello fue posible tras un plebiscito de entrada donde la opción "Apruebo" triunfa con, prácticamente, el 80% de las preferencias. Lamentablemente, el escenario actual es un tanto diferente, pues conforme a la encuesta Cadem, respecto al plebiscito de salida de la nueva Constitución Política de la República (CPR), la disposición de aprobar tal texto bajó a un 47%, mientras el rechazo se elevó de 33% a 38%. Asimismo, la confianza en el órgano encargado de redactar la nueva CPR alcanza solo el 50%.
Los datos anteriores no son azarosos, sino que tienen directa relación con la labor que tal órgano está haciendo y el cómo se están mostrando a la ciudadanía. Hace unos días, en la Comisión del Sistema Político, fue presentada, por la convencional María Rivera, la norma que pretende eliminar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, creando en su lugar una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos. Aquello no solo causó revuelo, sino que llamó poderosamente la atención que incluso se trajera a colación la extinta Unión Soviética. Pese a no obtener ningún voto respaldándola, queda el sinsabor generalizado de que los convencionales están tomando como ejemplo a un Estado completamente fracasado, surgiendo la legítima duda de que quizás qué otras normas tienen su inspiración en Estados poco o nulamente exitosos. En síntesis, con episodios como el protagonizado por Rivera se abre un flanco gigante a las críticas y dudas respecto a la Constitución resultante.
El reciente martes 15 de febrero se aprobaron, en general, 14 normas del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Una de las que causó más revuelo, fue el fin del Sistema de Justicia para reemplazarlo por Pluralismo Jurídico, coexistiendo el Sistema Nacional de Justicia con los Sistemas Jurídicos Indígenas, conformado por tribunales de pueblos indígenas, cada cual integrado por 5 miembros: un juez y una jueza de Corte de Apelaciones que deben tener "especialización en derechos de los pueblos indígenas", una mujer y un hombre expertos e indígenas de la respectiva región y, por último, un o una profesional con experiencia en diálogo intercultural. Aquello significa que un imputado, por el mismo delito, va a ser juzgado y, eventualmente, sancionado de forma diferente, dependiendo si es chileno o pertenece a algún pueblo indígena.
Los 2 ejemplos de propuestas antes señaladas, independientemente de que la primera no haya avanzado al pleno y a la siguiente aún le falte la aprobación en particular para formar parte del borrador de la nueva Constitución, dejan entrever una actitud "revanchista" y refundacional, con miras a hacer de Chile un país completamente nuevo, sin notar que gran parte del voto "Apruebo" quiere tener una Carta Magna, si bien renovada, representativa y mejorada, no del todo diferente a la actual.
Hay que reconocer la gran labor que implica representar a todo un país redactando la nueva CPR, sin embargo, ciertas propuestas producen anticuerpos generalizados, perjudicando y colocando en tela de juicio la labor e idoneidad de los convencionales. A causa de ello, la desconfianza en buenos resultados se ve elevada, lo que podría traducirse en preferir quedarse con la actual Constitución y seducirse con la opción de reformarla, por sobre algo nuevo que, hasta la fecha, les genera dudas.
Javier Osorio O.
Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago
Estudiante de Derecho UAH
