La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define al migrante como las personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales, sus perspectivas y las de sus familias.
Todo ser humano tiene el derecho a emigrar de un determinado país, y que, además, tiene un derecho a volver a su país de origen. Pero esto no necesariamente quiere decir que el mismo individuo, por lo tanto, tiene un derecho correlativo a inmigrar, esto es, a entrar en un determinado país de su elección. Los países basados en la soberanía de los estados que les otorga el derecho internacional, regulan de diversas maneras la inmigración.
La convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, en su artículo 8 regula tanto el derecho de todo trabajador migrante a poder salir de su país de origen como el de poder regresar a este, pero en ningún momento otorga derecho a entrar en cualquier país de su elección y es por esto, que una política migratoria basada en la cooperación internacional, en el respeto a las personas, a la posibilidad de ofrecer mecanismos de regularización del status migratorio, de una primera acogida, son absolutamente complementarios y no antagónicos, con el derecho de los países a ordenar de manera segura el ingreso al país.
Todo lo contrario, a lo realizado por el gobierno de Piñera, cuya política de cerrar fronteras, de establecer visas consulares y la imposibilidad de cambiar el status migratorio en el país, ha provocado lo que desde el 2018 muchas voces advirtieron: el aumento de la inmigración irregular y el incentivo para la creación de bandas delictuales dedicadas a la trata de personas.
El 80% de la migración en nuestra región proviene de la misma región, en gran medida por la crisis humanitaria en Venezuela, cuya diáspora se estima en más de cinco millones de personas y en su mayoría, con niños, niñas y adolescentes. La migración produce tensiones en las comunidades receptoras y lo sucedido en Iquique es una muestra de ello.
La ineptitud del gobierno de Piñera que perdió por completo el control de la frontera y ha dejado abandonada a las comunidades generando inseguridad y con ello, aumento de la violencia xenófoba, es consecuencia, de su negacionismo de la crisis humanitaria que se vive en la región y en su interés de crear un chivo expiatorio inmigrante, para justificar su incapacidad en materia de seguridad.
Hoy, las comunidades requieren políticas públicas que las acompañe de manera dialogante e integradora. Se requiere urgentemente empadronar a todos las personas en situación de irregularidad, otorgarles un RUT provisorio que les permita trabajar durante el proceso de regularización y por cierto, un programa de primera acogida y, sobre todo, ofrecer un mecanismo que les permita regularizar y al estado saber quienes son y sus historias. No es posible dejar a más de cincuenta mil personas irregulares en un callejón sin salida, en la más absoluta precariedad, tensionando a las comunidades receptoras, que, a su vez, ante el abandono del gobierno, reaccionan con violencia xenófoba.
En San Fernando, hemos visto familias venezolanas con niños, niñas y adolescentes viviendo en las calles. Nuestra organización solicito al municipio un inmueble en comodato para habilitar, a nuestro costo, un albergue de primera acogida, de tránsito y generar una red de apoyo que les permita superar las condiciones de vulnerabilidad.
Nuestro diseño incluye talleres, abiertos a la comunidad, sobre historia y cultura chilena; talleres sobre legislación laboral, educación financiera y marcos normativos en el sistema de protección social.
Nuestra zona es agroindustrial y de servicios, dos sectores de la economía que demandan mucha mano de obra y que cada vez es más difícil de obtener. La cooperación púbica, privada y de la sociedad civil, para hacer calzar la demanda con la oferta de trabajo, es un mecanismo necesario para la cohesión social y la integración. Aquí vemos una oportunidad y no una amenaza.
Alejandro Herrera