En cumplimiento del compromiso adquirido con la comunidad de Puente Negro, un equipo de la Municipalidad de San Fernando se reunió con representantes de las juntas de vecinos del sector para presentar a la empresa que se encargará de las obras de transición del proyecto de alcantarillado de esta localidad precordillerana.
La firma seleccionada, ‘Ramos Ingeniería y Construcción’, será responsable de ejecutar las faenas relacionadas con el proyecto de agua potable del sector de Isla de Briones, que actualmente cuenta con una red provisoria. Además, llevará a cabo una evaluación del alcantarillado existente para identificar eventuales problemas y proceder con la limpieza de las tuberías ya instaladas. Esto permitirá iniciar las pruebas de pendientes y hermeticidad, elementos que serán fundamentales para la etapa final del proyecto.
El director de la Secretaría de Planificación (Secplan), Luis Yáñez, definió como positivo el encuentro, destacando la importancia de la contratación de la empresa constructora. "Estas obras son muy reveladoras e interesantes para nosotros, ya que permitirán resolver el problema del agua potable en el sector de Isla de Briones”, afirmó Yáñez. El contrato con la empresa asciende a 361 millones de pesos y se espera que los resultados estén listos en un plazo de 90 días.
Por su parte, la presidenta de la junta de vecinos del sector Las Villas, Paola Vásquez, agradeció el acercamiento del municipio y expresó su satisfacción con la información técnica y legal proporcionada por el Secplan y el asesor jurídico, Joseph Palomino Castro. “La reunión fue bastante provechosa, considerando que hemos estado esperando esto durante mucho tiempo, especialmente tras el revuelo causado por la salida de la empresa Montec”, señaló Vásquez, quien manifestó su esperanza por las obras de transición al proyecto de alcantarillado.
Cabe recordar que la Municipalidad de San Fernando, en su calidad de mandante del proyecto, se vio en la necesidad de cancelar anticipadamente el contrato con la empresa Montec debido a incumplimientos y retrasos significativos en las obras, que alcanzaban el 32% en términos financieros y casi un 27% en tiempos de ejecución.
