El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Ricardo Pairicán García, abordó -junto a los representantes de instituciones que integran la Comisión de Seguimiento de Justicia Penal- la coordinación en la implementación de la Ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género.
La instancia, que es la tercera que se realizara en el año, contó con la participación del secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant; el fiscal regional del Ministerio Público, Aquiles Cubillos; el defensor regional Claudio Aspe; el administrador de la Corte, Juan Gómez, entre otros representantes de las instituciones integrantes de esta mesa.
Esta Comisión también la componen el Ministerio Público, Defensoría, PDI, Carabineros, Gendarmería, Servicio Médico Legal, Registro Civil, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Servicio Nacional de Menores y la Coordinación Regional de Seguridad Pública.
“La coordinación de todas las instituciones del sistema de justicia es esencial para la correcta aplicación e implementación de esta nueva normativa sobre la erradicación de la violencia contra la mujer. Un ejemplo, son los casos de maltrato habitual y el control de las medidas cautelares decretadas, por lo que este fue uno de los temas abordados por esta comisión. Todos los actores del sistema debemos entregar nuestros mayores esfuerzos para su correcta implementación”, indicó el ministro Pairicán.
En ese sentido, el fiscal regional Aquiles Cubillos manifestó que esta norma conlleva “nuevas obligaciones que establece para todos los actores que intervienen en el sistema de justicia penal y que ahora también atañe a los tribunales de familia. Sin duda es una ley muy importante que viene a dar una solución integral a la violencia de género, pero a la vez trae una serie de obligaciones que no vienen financiadas, es decir, no hay nuevos recursos para las instituciones involucradas. Sin duda significa un aumento de ingreso de causas en violencia intrafamiliar, de las audiencias, lo que significa hacer esfuerzos para coordinarnos”.
“Se abordaron temas importantes para el sistema de justicia en la región. En cuanto a lo referente a la ley que erradica la violencia contra la mujer, se dio cuenta de los temas de competencia que se pueden plantear entre los juzgados de garantía y familia y el control de las medidas cautelares, lo que implica una fuerte recarga”, manifestó el defensor regional, Claudio Aspe.
En tanto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant, explicó que también hubo un análisis sobre “las diligencias referentes a los exámenes en causas de tribunales de familia y penales que realiza el Servicio Médico Legal, con el fin de que las horas médicas no se pierdan”.
