Este martes ingresó al Congreso un proyecto para enfrentar las parcelaciones, proteger suelos no aptos para construcción y asegurar servicios básicos. Los ministros Carlos Montes, Álvaro Elizalde y Esteban Valenzuela destacaron que la iniciativa regula y protege la vida rural.
El seremi de Vivienda y Urbanismo, Luis Barboza, destacó que es necesario que las parcelaciones sean evaluadas por su impacto ambiental y urbanístico y no sigan fuera del marco regulatorio.
El martes, el Gobierno ingresó al Congreso el Proyecto de Ley para la Protección del Territorio y la Vida Rural, una iniciativa que busca enfrentar las parcelaciones descontroladas y proteger a las personas de las consecuencias negativas de estos desarrollos. El proyecto propone medidas para evitar la venta de suelos no aptos para construcción y asegurar el acceso a servicios básicos como agua, luz, manejo de residuos y libre tránsito.
Los ministros Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo), Álvaro Elizalde (Secretaría General de la Presidencia) y Esteban Valenzuela (Agricultura) presentaron los alcances de la iniciativa, destacando su enfoque en regular y proteger la vida rural sin prohibirla. "Este proyecto propone un modelo para que lo rural deje de ser una hoja en blanco y tenga un crecimiento planificado y ordenado, reduciendo la incertidumbre que enfrentan los municipios y los habitantes de estas áreas", afirmó Carlos Montes.
El seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins, Luis Barboza, subrayó la necesidad de evaluar las parcelaciones por su impacto ambiental y urbanístico para que no sigan fuera del marco regulatorio. "Es fundamental recordar que los ecosistemas se ven afectados o fragmentados, se pierde suelo agrícola, y los municipios enfrentan presiones adicionales relacionadas con la gestión de residuos, la electrificación, la pavimentación de caminos y el acceso al agua potable para los nuevos residentes", señaló Barboza.
El proyecto también busca proteger los suelos agrícolas de la fragmentación, asegurando un uso que favorezca la sostenibilidad de la producción alimentaria y la conservación de recursos naturales. Además, fortalece la fiscalización incorporando nuevos actores como las Direcciones Regionales de Vialidad del MOP y la Superintendencia de Medioambiente, junto al Minvu, SAG y municipios.
Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, expresó su satisfacción por el ingreso del proyecto al Congreso. "Es fundamental terminar con los abusos del decreto de la dictadura de parcelaciones que ha llevado a loteos irregulares. El proyecto limita las parcelas de media hectárea exclusivamente para uso agrícola y fortalece la fiscalización."
Álvaro Elizalde, ministro Secretario General de la Presidencia, destacó la importancia del proyecto en el contexto del cambio climático. "Es vital proteger a las personas, el medioambiente y el suelo agrícola. Hacemos un llamado a un debate fructífero para avanzar en su aprobación con apoyo transversal."
Esta iniciativa es el resultado de un intenso trabajo prelegislativo y del diálogo con diversos actores de la sociedad civil, buscando alcanzar el mayor consenso posible antes de su discusión legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El origen del problema
En el ámbito rural, no existe una norma clara que permita segundas o primeras viviendas, salvo algunas excepciones específicas. Esto ha llevado al desarrollo de un sistema de parcelaciones residenciales, utilizando dos facultades normativas distintas: la subdivisión de hasta 0,5 hectáreas sin cambiar el destino silvoagropecuario de los predios (DL N°3.516) y la prerrogativa del dueño de una propiedad agrícola para construir viviendas para sí mismo y sus trabajadores (Art. 55 de la LGUC). Esta combinación ha permitido a algunos privados lotear terrenos rurales bajo la apariencia de usos agrícolas, ganaderos o forestales, aunque en realidad sus fines son habitacionales.
Históricamente, las subdivisiones prediales aprobadas bajo el DL N°3.516, que mantienen el destino agrícola, ganadero o forestal, han promediado 10.000 solicitudes. Desde 2021, estas solicitudes han aumentado a más de 19.000 y superaron las 20.000 en 2022. Según el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Minvu, existen más de 350.195 predios no agrícolas con superficies entre 0,5 y 1 hectárea, sumando entre 175.000 y 300.000 hectáreas, en comparación con las 208.688 hectáreas de todas las áreas urbanas del país.
