El ministro encargado de los Asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro Romero, entregó hoy –jueves 4 de julio- el balance del primer año de implementación de la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, normativa que comenzó a regir el 20 de mayo de 2023.
En una reunión de trabajo efectuada en el tribunal de alzada -en que participaron la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Constanza Valencia, y el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant- el ministro Caro dio cuenta de que los tribunales con competencia en materia de Familia de la jurisdicción han ordenado y asegurado pagos por $18.273 millones por deudas de pensiones de alimentos hasta el pasado 15 de mayo, de los cuáles ya se ha hecho efectivo el pago de cerca de $12 mil millones.
“El objetivo de esta reunión interinstitucional era dar cuenta del trabajo coordinado entre las distintas instituciones, la labor que realizan la Corte de Apelaciones, los tribunales de Familia, el centro de liquidaciones y los distintos organismos que rigen en la materia. La violencia económica también es parte de la violencia contra la mujer, y, en ese marco, la Ley de Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos busca erradicarla y permitir que los niños, niñas y adolescentes y, en general, sus madres puedan recibir oportunamente este pago”, señaló el ministro Caro.
Agregó que “este trabajo se ha traducido en que los pagos que se ordenaron durante el primer año de vigencia de esta normativa alcanzan los $18 mil millones, y el monto recaudado efectivo llega a los $12 mil millones. Queda una deuda por pagar en la región superior a los $4 mil millones, pero lo importante es ésta se reduzca y en esos enfocan sus esfuerzos los tribunales de familia de la jurisdicción”.
Esta ley faculta a estos juzgados para investigar, retener y pagar con los fondos que la persona alimentante deudora tenga en sus cuentas corrientes bancarias o en instrumentos financieros y/o de inversión, lo que se denomina procedimiento especial.
En caso de que la búsqueda no tenga resultado, existe el procedimiento extraordinario que autoriza, cumplidas ciertas condiciones, a pagar con cargo a los fondos de capitalización individual de los deudores y que gestionan las AFP.
Estadísticas
En ese sentido, de acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, en el procedimiento especial, se realizaron 29.645 solicitudes a los tribunales para iniciar el proceso de cobro, 82.469 consultas a instituciones bancarias y financieras, se retuvieron 9.826 activos de los deudores, se generaron 6.868 órdenes de pago por $1.687 millones y se han ejecutado pagos efectivos por $833 millones.
En tanto, en el procedimiento extraordinario, se han efectuado 24.395 solicitudes, los juzgados han realizado 12.384 consultas a las AFP, decretando 3.484 órdenes de pago por $16.585 millones y se han ejecutado pagos efectivos por $11.083 millones.
Junto con esto, al 22 de mayo, en la jurisdicción de Rancagua había 12.034 personas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, lo que se traduce en una deuda de $4.398 millones.
Tras la reunión, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Constanza Valencia, señaló que “creemos que esta es una deuda histórica, tal como lo ha señalado el ministro Caro, que estamos saldando como Estado para las mujeres de nuestro país y, principalmente, con los niños, niñas y adolescentes. Según los datos, más del 97% de las personas que son deudoras corresponden a hombres, nosotros observamos que eso se traduce en una violencia económica en contra de las mujeres que genera un empobrecimiento y desgaste. Esta ley lo que busca es facilitar el acceso a este mecanismo efectivo entregándole mayores atribuciones a los juzgados de familia en donde las mujeres ya no están solas”.
En tanto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant, manifestó que “estamos bastante conformes con la relación interinstitucional. Los mecanismos de comunicación se han ido puliendo durante la vigencia de la ley, lo que da cuenta de un alto porcentaje de recaudación regional. Esto también a través una coordinación del Registro Civil con los tribunales para el ingreso y egreso de persona del Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, también con una alta resolución de consultas por parte de la Corporación de Asistencia Judicial en esta materia”.
