Actualmente se encuentra en proceso de definición resolver quien ocupará el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público durante los próximos ocho años. Lo anterior, significa un enorme desafío para quien resulte elegido, toda vez que le corresponderá asumir la conducción del organismo encargado de dirigir exclusivamente la investigación de los hechos constitutivos de delito, ejercer la acción penal pública y otorgar protección a víctimas y testigos.
En ese sentido, resulta esencial el establecimiento de una política criminal que determine cuáles son los fenómenos criminales que con mayor urgencia requieren una respuesta decidida de parte del Ministerio Público, a fin de disminuir la sensación de temor al delito y de impunidad que reina en amplios sectores de la sociedad.
Sobre esa base, es vital abordar lo anterior no sólo desde una perspectiva cuantitativa, sino que también signifique una mejora cualitativa de la respuesta a los conflictos penales existentes en la sociedad, siendo esencial hacerse cargo de aquellas áreas que presentan mayores déficits.
Los delitos violentos contra la propiedad en sus diversas modalidades, los homicidios, así como los ejecutados por organizaciones criminales en el ámbito del tráfico de drogas; el tráfico de migrantes y el lavado de activos deben ser el foco especial de la preocupación de quien esté a la cabeza del Ministerio Público.
Para lo anterior, junto con la necesaria coordinación del Ministerio Público con las diversas autoridades y organismos que trabajan en la materia, se requiere por una parte una mayor vinculación de la Fiscalía con la ciudadanía, a efectos de ganar su confianza porque de esta depende en buena parte el éxito de la gestión institucional.
Si se sigue haciendo lo mismo que hasta ahora, la crisis en materia de seguridad puede agudizarse y debilitar por consiguiente uno de los elementos esenciales de un estado democrático de derecho: el derecho de sus ciudadanos a vivir en una sociedad segura y en que no exista temor de parte de quienes las integran. Los desafíos están planteados y ojalá que en la definición de quien sea el elegido primen las consideraciones técnicas y las propuestas de los candidatos, y no otros factores que se han observado en procesos anteriores, ya que aquello solo debilita una institución esencial de la República.
Manuel Guerra, académico Facultad de Derecho y Ciencias Sociales USS, ex fiscal Metropolitano Oriente.
