Según las noticias que circulan en el ambiente tributario, comenzará pronto una de las reformas más históricas en nuestro país. En palabra de algunos expertos, será un nuevo pacto que buscará reubicar en el centro de la discusión los ingresos por la vía tributaria.
Este acuerdo implicaría una recaudación del orden aproximado de US$ 12 mil millones cuando esta reforma se encuentre en régimen, esto obviamente sujeto a los ajustes y vaivenes propios de las contingencias, que no sólo afectan al mundo en general, sino que por estos últimos años han sido motivo de movimientos sociales que han puesto en la balanza el cómo sustentar por la vía impositiva la necesidad de recursos del estado y cómo ellos finalmente llegarán a cada uno de los beneficiados: la sociedad toda en su conjunto.
El gobierno ha puesto como catalizadores de esta discusión previa a los Diálogos Sociales, éstos enfocados en la Reforma Tributaria. Es así como de estos diálogos se llegó al consenso que ésta debería tener en los lineamentos: progresividad, equidad, transparencia, eficiencia, un compromiso en el cumplimiento tributario y simplicidad. Además de educación a los contribuyentes, corresponsabilidad, certeza, estabilidad y adaptabilidad.
Las discusiones técnicas se han decantado por un cambio de sistema tributario que podría ser dual o semi dual; esto significaría que el sistema mantendría su estructura progresiva y tasa crecientes, y además un sistema tributario nuevo para grandes empresas en donde se espera separar la tributación de las empresas de los socios, apartando los ingresos del trabajo y los del capital, a través de la vía de eliminación de las exenciones respecto de las ganancias de capital, en los instrumentos transados en bolsa, por mencionar el más discutido en estos últimos meses. Asimismo, esto implicaría –de acuerdo con estimaciones de los expertos– un aumento del 3% de la carga tributaria a las contribuyentes con mayores ingresos.
El hecho de que la búsqueda de ingresos mayores considere los impuestos a la riqueza, llevaría a que los contribuyentes personas naturales con domicilio y residencia en Chile, cuyo patrimonio exceda de 5 millones de dólares, serán afectados con impuesto por tramos. Los técnicos señalan que éstos sólo podrían aplicarse a 6.300 personas, las cuales deberán declarar su patrimonio según el cálculo que indique la ley.
Respecto a las exenciones tributarias que se encuentran establecidas y en pleno régimen, actualmente se propone el fin de ellas o su eliminación progresiva, como las rentas presuntas, las pérdidas de arrastre (en las que sólo podrá rebajarse el 50% sobre la renta liquida imponible) o los intereses que provengan de créditos hipotecarios de un sólo crédito, haciendo esta distinción ya que una persona podría tener más de un crédito bajo esta modalidad.
En relación al Royalty a la Gran Minería, los expertos han puesto la mirada en mantener una distribución equilibrada de las rentas que afectan a estos recursos no renovables, cuidando que se proteja la inversión y el desarrollo del sector. Este punto ha sido muy cuestionado, ya que el cambio en la certeza jurídica de los acuerdos previos podría implicar modificaciones en la forma en que los extranjeros lleguen a Chile a invertir, en especial cuando se han dado super ciclos de precios en cuanto a la extracción de mineral que han favorecido a nuestro país.
La necesidad de ser eficientes en la carga tributaria y del deber ser de destinos de los tributos impondrá una presión social y rendición de cuenta al Estado, en cuanto a poder establecer su correcta inversión y si las políticas públicas que serán financiadas cumplirán en forma adecuada su destino, que es la persona y en especial una sociedad que demanda equilibrios y certezas para su desarrollo.
Por Claudio E. Castillo Rojas
Contador Auditor
Docente del Área Administración
