Aconcagua, Chiloé, ¿Colchagua después?

El martes el pleno de la Convención Constitucional aprobó una norma transitoria que, de ser aprobada la propuesta de Carta Magna, permitirá la convocatoria de un plebiscito que consultará a los habitantes de Aconcagua y Chiloé si desean que se creen las regiones autónomas de sus nombres, dando respuesta a un sentir histórico y a la permanente postergación que han sufrido como consecuencia de una regionalización pésimamente planificada y ejecutada. Esta puede ser una luz de esperanza para el territorio de Colchagua, que igualmente ha padecido las carencias de esta división político-administrativa y del sistema que nos ha regido en las últimas décadas.

Aconcagua y Chiloé, al igual que Colchagua, tienen un origen común. A partir del territorio de los antiguos corregimientos, partidos y delegaciones que se sucedieron hasta 1826, las tres fueron creadas como provincias por las leyes federales del 30 de agosto de ese año y tuvieron existencia legal durante 150 años, hasta el 1 de enero de 1976, fecha en que entró en vigencia la regionalización que dictó el régimen militar.

Durante ese siglo y medio, bajo el imperio de las Constituciones de 1828, 1833 y 1925, las provincias tuvieron un gobierno provincial encabezado por un intendente, casi siempre designado por el presidente de la República (algunos fueron elegidos), que dirigió las obras de progreso y debió preocuparse de las necesidades provinciales. Entre las décadas de 1820 y 1830, así como en el siglo pasado, hubo asambleas provinciales elegidas popular o indirectamente. No solo estas provincias se consolidaron administrativamente, sino que también de forma identitaria y cultural. Los aconcagüinos, chilotes y colchagüinos se sienten parte de un territorio, unidad que fue fracturada por la reforma de 1976.

La regionalización vino a reiterar un fracaso anterior. En 1928 el dictador Carlos Ibáñez del Campo cambió la división político-administrativa, fusionando Aconcagua con Valparaíso, Chiloé con Llanquihue y Colchagua con O’Higgins, incluso reconociendo que “hiere algunos intereses locales”. La dictadura de Ibáñez terminó en 1931 y, restaurado el orden democrático, el presidente Arturo Alessandri, con la iniciativa de numerosos parlamentarios entre los que destacó especialmente Óscar Gajardo, promulgó el 24 de enero de 1934 la ley que restauró las provincias de Colchagua y O’Higgins. Misma cosa sucedería en 1936 cuando se restauró la provincia de Aconcagua, y en 1937 la de Chiloé.

Durante la discusión en la Cámara del proyecto que restauró la provincia de Colchagua en 1934, Óscar Gajardo aseveraba enfáticamente: “Con estas medidas arbitrarias [el DFL de Ibáñez] bajó el valor de la propiedad raíz, disminuyó el comercio, las industrias languidecieron y los ciudadanos vieron con pesimismo que bastaba para destruir el esfuerzo de muchos años de trabajo la dictación de un decreto ilegal, contra el cual no cabía protestar”. Durante la dictadura militar esa situación se repitió de forma más extensa: la dictadura de Ibáñez duró cuatro años; la de Pinochet, casi diecisiete. Eso no obstaculizó el surgimiento de movimientos pro-región al ver lesionados los intereses locales. En pleno régimen se constituyó un Comité Pro-Región en Valdivia, y tras el retorno a la democracia, surgieron otros en Ñuble y Aconcagua.

La Constitución de 1980 fijó en trece el número de regiones en el país, por lo que solo tras las reformas de 2005 durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos fue posible presentar proyectos de ley para la creación de nuevas regiones. Así fueron establecidas en 2007 las regiones de Los Ríos y Arica y Parinacota, y en 2017 la de Ñuble.

Luego vinieron sucesivamente el estallido social, el “acuerdo por la paz”, el plebiscito de octubre de 2020 y la Convención Constitucional, que durante casi doce meses ha confeccionado una propuesta de nueva Constitución para el país. El capítulo 3 “Estado Regional”, del borrador al 14 de mayo, señala que “el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas […]”, señalando que su “creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

La actual Carta Magna solo permite al Presidente presentar proyectos de ley que permitan la creación de nuevas regiones. Si bien esta puede ser solicitada por cualquier persona ante la SUBDERE, los requisitos y formalidades son tan excesivos y tan extravagantes que requerirían un esfuerzo y despliegue en exceso extraordinario, tanto así que resultaría mucho más fácil conformarse con la situación actual. De ninguna forma esa es una situación deseable.

Las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, que conformaron hasta 1976 la provincia histórica de Colchagua, no solo tienen una historia e identidad común, tienen problemáticas y desafíos cuya resolución simplemente no puede seguir dejándose en manos de personas que no tienen compromiso alguno con este territorio. Solo las personas de Colchagua y Cardenal Caro deberían poder decidir su destino, y eso no implica crear una situación nueva, sino volver a lo anterior, a recuperar el estatus que teníamos y que se nos arrebató sin derecho a pataleo: en pocas palabras, separarnos de la actual provincia de Cachapoal (ex O’Higgins).

El poder político y económico se concentra en Rancagua: así ha sido desde 1976 y es sumamente injusto que el desarrollo no sea equitativo para la vasta región que dicha ciudad y su gente comandan. Somos el patio trasero de Rancagua, donde no importa si una persona de Navidad prefiere viajar a San Antonio para un control de salud que acudir a un recinto dentro de su propia región; donde no importa que los jóvenes deban trasladarse y residir a largas distancias de sus hogares para poder estudiar y convertirse en profesionales, muchas veces prefiriendo quedarse en esos lugares donde hay mayores y mejores oportunidades, generándose una fuga de capital humano; una región de O’Higgins donde hay ciudadanos de primera y segunda clase y que no ha resultado en ningún tipo de descentralización efectiva durante casi cincuenta años.

A falta de una nueva regionalización, que la Convención Constitucional no contempló, la creación de nuevas regiones es necesaria para dotar a territorios como Colchagua, Aconcagua y Chiloé, que fueron regiones en el sentido de la antigua división político-administrativa, de herramientas que permitan superar su letargo y, por fin, puedan emprender un camino juntas hacia un mejor país. De aprobarse la propuesta constitucional, Aconcagua y Chiloé ya habrán dado un paso hacia adelante. Nosotros debemos ser los siguientes. De nosotros depende recuperar lo que injustamente se nos quitó, por un mejor porvenir para nosotros y para quienes vendrán después.