Una Constitución define la estructura del Estado y la relación de éste con las personas y las agrupaciones que ellas conforman. Así, una Constitución define un marco general de reglas, estableciendo instituciones y reconociendo derechos orientados a limitar la arbitrariedad de burócratas y políticos. En virtud de lo anterior, la Constitución es el rayado de cancha que dispone al Estado a respetar siempre la construcción espontánea de tejido social por parte de las personas, en vez de ahogar con burocracia la iniciativa y proactividad de una ciudadanía a la que el aparataje burocrático debe servir.
En este sentido, el Estado debe siempre respetar la vida, libertad y propiedad individuales, respetando la autonomía y prioridad de actuación de la familia y otros cuerpos sociales que las personas conforman libre y espontáneamente. De eta forma, una Constitución evita que el poder político se concentre y termine absorbiendo el dinamismo y eficiencia de una ciudadanía empoderada, que sabe mejor que el burócrata estatal como enfrentar problemas públicos que nunca deben ser patrimonio exclusivo del Estado.
En virtud de lo anterior, y a partir del cambio de ciclo político que Chile viene viviendo desde el 18 de octubre del año pasado, es importante tener presente que las preguntas que la crisis social nos plantea no se responden exclusivamente desde la lógica añeja de "más o menos Estado", como si aún estuviéramos en la Guerra Fría. Muy por el contrario, el desafío social que Chile demanda en la actualidad tiene que ver más bien con que seamos capaces de orientar nuestra nueva Constitución a la construcción un "mejor Estado", un Estado moderno y eficiente que genere condiciones para que la confianza, colaboración e intercambio propio de una sociedad civil activa e inclusiva sea capaz de hacerse parte activa en la resolución de problemas públicos. Así, antes que más o menos Estado, la pregunta clave que debemos hacernos dentro del proceso histórico que vivimos es si queremos una Constitución que construya "más sociedad".
"Lo público" no debe ser sinónimo de "lo estatal". Una sociedad civil libre, solidaria y responsable puede colaborar con el Estado en la resolución de los problemas de todos. El Chile que viene debe ser un país que permita que la comunidad nacional se haga parte de los cambios trascendentes que necesitamos, no dejando nuestro desarrollo al arbitrio exclusivo de políticos que a estas alturas ya nos tienen curados de espanto. Así, el Chile que queremos debe complementar con tejido social ese actuar burocrático que de manera poco eficiente (y muchas veces, derechamente corrupta), generó el momento histórico en el que la ciudadanía dijo basta y comenzó a exigir un nuevo pacto social enfocado en las personas.
El Estado no tiene el monopolio exclusivo sobre la resolución de problemas públicos y es la sociedad civil la que ha demostrado una y otra vez que es capaz de llegar antes y mejor que la burocracia a la cobertura de diversas necesidades públicas. De esta forma, se hace más urgente que nunca que una nueva Constitución sea capaz de revindicar lo público, abandonando la idea de que dichas acciones solo pueden llevarse a cabo por el Estado. La ciudadanía hoy exige un estándar donde se deje de normalizar que lo estatal sea sinónimo de lo malo y merece mejorías en la calidad de servicios que no solo deben estar cooptados por lógicas meramente asistencialistas.
Así, un nuevo pacto social que tenga presente que el Estado no se la puede solo y que nuestra comunidad nacional se estructura y organiza a través de una sociedad civil autónoma, activa y dinámica, es una Constitución que no deja al arbitrio de los políticos y la burocracia algo tan importante como el progreso de nuestro país.
Ricardo Neumann Bertin
Abogado UC - MFA Columbia University
Pre-candidato independiente a Constituyente (Pacto Chile Vamos)
