Recién han pasado pocos días desde que se conmemorara un nuevo aniversario del Día del Trabajo, en que la Clase Trabajadora celebra sus luchas por conquistar derechos que han permitido que los asalariados y la sociedad en general, tenga las condiciones de vida con que hoy cuenta, ciertamente insuficientes para una vida plena, justa y digna, pero infinitamente mejores que las que poseía al 1° de mayo de 1886. En forma Breve, es necesario recordar que estos derechos y avances sociales son producto de esfuerzos de muchos años de los trabajadores organizados en sindicatos y de sus agrupaciones políticas, entre las que honrosamente se cuenta el Partido Comunista.
La situación es compleja, las condiciones de vida de los trabajadores en el Chile de hoy con trabajos precarios, con bajísimos sueldos, gran inestabilidad laboral, un alto nivel de endeudamiento, sin acceso a educación y salud de calidad en condiciones igualitarias para el conjunto de los chilenos, la promesa de una jubilación miserable para la mayoría de los que llegan a esa situación, entre muchas otras demandas; se plantea un interminable listado de condiciones que no permiten una vida buena y digna para la gran mayoría de la población.
Sumado a lo anterior hay que considerar que la economía del país ya venía a la baja en 2019, aunque el gobierno hoy intente invisibilizar este hecho, desde mucho antes del 18 de octubre.
El estallido social, más allá de sus efectos en la economía, que los ha tenido, aunque no al nivel en que intenta mostrarlo el gobierno, abrió un espacio de esperanza popular respecto de avanzar en las demandas sociales que los chilenos han exigido.
La epidemia de coronavirus, ha abierto un gran paréntesis en la vida de todo el país, ha detenido la movilización de los chilenos por conquistar derechos sociales, dando un respiro al gobierno y los sectores más acomodados del país, en su esfuerzo por conservar sus amplios privilegios.
Acaban de aparecer cifras económicas nacionales que dan cuenta de un aumento de la cesantía, 8,2%, la más alta desde 2010, unos 800.000 desempleados, que sumados a la cesantía encubierta constituida por los trabajadores "suspendidos" llegarían a un 15% de la fuerza laboral del país constituida por sobre 8,5 millones de trabajadores. Lamentablemente las perspectivas son que la situación empeorará.
En nuestra región y según datos publicados en la prensa, un total de mil seiscientas empresas de todo rubro ya se han acogido al amparo de la ley que permite que los sueldos sean de cargo del seguro de cesantía, lo que afecta a más de 10 mil 300 mujeres y hombres que laboran en nuestra región.
Las acciones del gobierno para enfrentar la crisis, consistentemente con su sesgo de gobierno de los empresarios más ricos del país, van en la línea de favorecer a las grandes empresas, mezquinando recursos a los más pobres, las pequeñas empresas y a los trabajadores desempleados. Reciente está la discusión en el Congreso del "Ingreso Familiar de Emergencia", donde la tónica es lo bajo de los recursos que el gobierno asigna a esta ayuda destinada a los más pobres del país; entre otras medidas por el estilo.
Como ejemplo del uso que hace el gran empresariado de las medidas que toma el gobierno frente a la pandemia podemos observar que Cencosud, dueña entre otros negocios de las tiendas Paris y Johnson, se ha acogido a la ley que permite suspender el trabajo de sus empleados mientras dura la crisis del coronavirus, medida en teoría diseñada por el gobierno para ayudar a empresas en problemas, sin embargo repartirá millonarias utilidades entre sus accionistas, mientras sus trabajadores deben aceptar reducciones de sus sueldos y hacer uso de sus subsidios de cesantía.
Mas allá de las coyuntura, y sin dejar de considerarla, la realidad es que vivimos un país muy desigual, donde los sectores más ricos de la población; menos del 1% del total del país, maneja la situación de modo de mantener sus privilegios, a través de su influencia en el gobierno, operando a través de sus grandes empresas, contando con medios de comunicación que con su accionar han generado una condición de gran precariedad en la vida cotidiana de las mayoría de las personas y una cultura de individualismo que dificulta que se organicen adecuadamente para ser el contrapeso que enfrente esta situación, con la excepción del reciente estallido que ha sido el único hecho capaz de cuestionar de modo claro el status quo que vivimos en los últimos 30 años, y esto de manera sorpresiva e inorgánica.
La experiencia parece indicarlo con claridad, con el ejemplo de las luchas dadas en su ya larga historia por la clase trabajadora, conmemoradas este primero de mayo, los trabajadores debemos mejorar nuestra organización en el campo de la lucha social y política, de esta forma defender y mejorar nuestros derechos fundamentales.-
Gabriel Rojas Oyarce
Dirigente Partido Comunista
San Fernando
