Entre ellos estaba el sacerdote sindicado como el supuesto líder de esta agrupación.
En mayo un reportaje de Canal 13 da a conocer la denuncia de una mujer que habla de una supuesta asociación ilícita criminal compuesta por sacerdotes de la Región de O’Higgins que se habrían coludido para abusar sexualmente de menores. Dada la gravedad de la acusación, el Tribunal de Garantía de Pichilemu otorgó a la Fiscalía la autorización para llevar a cabo una serie de medidas intrusivas para investigar a los 14 sacerdotes que estarían involucrados en los hechos.
Tras seis meses de intercepciones telefónicas, seguimiento con agentes encubiertos, alzamiento de secretos bancarios y declaraciones, el Ministerio Público no ha podido configurar delito ni encontrar a víctimas de estos supuestos crímenes, por tanto, la Defensoría Regional de O’Higgins - que representa a 12 de estos sacerdotes - solicitó una audiencia para pedir al Tribunal el sobreseimiento de sus clientes.
Ante el juez de garantía, Matías Iribarra, los defensores penales públicos Pamela Urquhart, Víctor Providel, Abelardo Mesa y Cristian Miranda, expusieron los motivos por los que cada uno de sus representados debería ser sobreseídos. En su réplica, el fiscal Sergio Pérez, señaló que el Ministerio Público se allanaría a la solicitud de 3 de los sacerdotes: Aquiles Correa (La Compañía), Gino Bonomo (Pumanque) y Fernando Armijo (San Vicente), este último sindicado según la denunciante como el líder de la supuesta Asociación Ilícita criminal para el abuso de menores, conocida como la Cofradía.
Tras varios alegatos, el juez Iribarra, confirmó el sobreseimiento definitivo de los sacerdotes mencionados y manifestó que, si bien reconoce que no se ha configurado delito ni encontrado víctimas de los sacerdotes, sí estima que hay diligencias investigativas por terminar, por tanto, se negó la solicitud respecto de los otros curas.
Para el Jefe de la unidad de estudios de la Defensoría, Víctor Providel, lo importante de la audiencia es que “se ha derribado la teoría del Ministerio Público de una supuesta asociación ilícita para el abuso de menores y que tras la acuciosa investigación la fiscalía no ha encontrado ningún antecedente que haga dudar de la inocencia de nuestros representados”.
En efecto, el fiscal Sergio Pérez señaló que ellos descartan la agrupación organizada, pues se trataría más bien de un grupo de sacerdotes que habrían cometido actos de connotación sexual, pero se debe determinar si estos no afectaron a menores de edad.
