La resolución solicita, además, que la protección financiera para la citada neurocirugía se materialice por la vía de la canasta de prestaciones GES-AUGE, de modo de incorporar en dicha responsabilidad financiera a las isapres.
La unanimidad de la Sala, expresada en 138 votos afirmativos, apoyó el proyecto de la diputada de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Alejandra Sepúlveda, que pide al Presidente de la República, disponer la protección financiera para la neurocirugía del Parkinson como tratamiento para portadores de esta enfermedad, tal como ocurre con las personas que padecen distonías generalizadas.
La iniciativa, detalla que esta operación consiste en el uso de un implante de dispositivos de estimulación cerebral profunda que emite pequeños impulsos eléctricos encargados de regular la zona del cerebro que está fallando. En Chile, las Clínicas Alemana de Santiago y Dávila se dedican a este tema hace varios años en forma relativamente rutinaria, siendo la mayor limitante el valor de los aparatos de estimulación, que oscila entre 19 y 26 millones de pesos.
Por ello, un segundo punto del texto solicita al Jefe de Estado que la protección financiera para la citada neurocirugía se materialice por la vía de la canasta de prestaciones GES-AUGE, de modo de incorporar en dicha responsabilidad financiera a las isapres.
Al respecto, la diputada y jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, explicó que "La petición se fundamenta en la positiva experiencia científica y empírica que existe respecto del impacto en la calidad de vida de los pacientes, que el propio Estado ha podido comprobar por medio de un programa piloto desarrollado entre los servicios de salud de O´Higgins y Metropolitano y el Hospital San Borja Arriarán, que ya ha efectuado operaciones con éxito".
El texto concluye estimando las personas con Parkinson en Chile en aproximadamente 40 mil; cifra que el año 2040 podría llegar a 100 mil. Si se considera que tras cada paciente hay una familia que también sufre los embates de esta enfermedad, el impacto social fácilmente puede llegar al millón de personas, número que se podría reducir al menos en 10% si se garantiza por ley la protección financiera completa de este tratamiento./
