Hasta mañana viernes el Tribunal de Garantía de San Fernando determinó ampliar el plazo de detención de cuatro de los cinco imputados por el delito de fraude al fisco que están siendo investigados por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua y la PDI de la capital de la provincia de Colchagua, por una serie de irregularidades administrativas que habrían sido cometidas entre 2013 y primeros meses de 2021 en la Municipalidad y Corporación de Educación de esta ciudad.
En la oportunidad, se resolvió la ampliación de detención a la espera de recabar nuevos antecedentes para el ex alcalde de San Fernando Luis Berwart Araya y otros tres de los imputados por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento privado, uso malicioso de instrumento público, además de fraude en subvenciones, siendo momentáneamente trasladados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Rancagua. La audiencia para formalizarlos comenzará a las 11 horas de mañana en el Tribunal de Garantía de esta ciudad.
En el caso del ex alcalde y ex gobernador de Colchagua, Juan Paulo Molina, este fue formalizado de inmediato por los delitos de fraude de subvenciones y uso malicioso de producto mercantil, quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario total. El plazo para el término de la investigación fue fijado en 90 días.
La investigación se originó tras el informe de la Contraloría General de la República de abril de este año fecha en que la Fiscalía de Alta Complejidad junto a un equipo multidisciplinario de la PDI San Fernando dieron inicio a una serie de diligencias entre ellas allanamientos e incautación de computadores y otro tipo de evidencias desde los edificios de la Municipalidad como de la Corporación Municipal.
Luego y tras 8 meses de investigación, la mañana del martes se concretó la detención en sus domicilios de los cinco imputados, los que por instrucción del Ministerio Público fueron trasladados hasta el cuartel de la PDI en San Fernando a la espera de la audiencia de control de detención y formalización de cargos que tuvo lugar ayer en el Tribunal de Garantía de esta ciudad.
Una de las primeras querellas fue presentada en 2016 por el actual alcalde de San Fernando en ese entonces concejal, Pablo Silva Pérez en contra del ex jefe comunal Luis Berwart Araya. Posteriormente, a esa acción judicial vinieron otras entre ellas la presentada por la diputada Alejandra Sepúlveda y el Consejo de Defensa del Estado.
Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría figura una relacionada con cerca de 600 millones de pesos, de los cuales no existía el respetivo respaldo en que se gastaron esos dineros.