Nicolás Huerta Orellana, abogado Centro de Atención a Víctimas de Delitos de San Fernando: Asesinato de Ámbar… “Fallamos como sociedad”

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“Estamos consternados con el terrible hallazgo y cruel desenlace que tuvo el caso de la joven Ámbar, de Villa Alemana; y lo primero que me nace decir, es que fallamos todos”, dijo el abogado del Centro de Atención a Víctimas de Delitos de San Fernando, Nicolás Huerta Orellana.

El profesional señaló que se falló como sociedad al no haber estado a la altura impulsado, con el mismo vigor con el que se han reivindicado otras demandas sociales, una reforma que tenga como efecto un endurecimiento de nuestro sistema de justicia.

“No es posible que en un sistema donde las penas asociadas a los delitos son de por sí bajas, y llenas de oportunidades, atenuantes y beneficios, la aplicación de estos últimos para que los ya condenados operen casi de manera automática, sin un filtro eficaz que asegure que aquellos están en condiciones de reinsertarse nuevamente en la sociedad”.

Nicolás Huerta agregó que “Fallamos al no presionar con más fuerza el cumplimiento de la promesa que año tras año se nos ha hecho de una reforma al SENAME y una real protección a nuestros niños niñas y adolescentes y también, cuando no hemos podido impulsar con firmeza la creación de un sistema efectivo de protección a todas las víctimas de delitos. Fallamos también todos, porque es fácil culpar siempre al sistema, los que hemos podido de algún modo contribuir a crear una sociedad más justa. Cómo sociedad civil somos los primeros llamados a practicar los valores del respeto, solidaridad, la protección y promoción de la vida, la empatía y tantos otros que se han ido disolviendo en el individualismo. Todos somos vecinos, amigos, y familiares de Ámbar”.

El abogado del Centro de Atención a Víctimas de San Fernando indicó que esperaba que este desgarrador crimen trascienda en sus efectos de una simple condena a el o los autores del mismo y que sea la chispa que encienda una transformación radical, tal como lo fueron los “treinta pesos” del alza en el precio del metro, y de una vez por todas “podamos tener un sistema de justicia que sintamos legítimo, en el cual podamos confiar con tranquilidad nuestros asuntos, requisito esencial de un Estado de Derecho”.