Por Andrés Jorquera C.
La semana pasada fui invitado por apoderados y docentes de la educación pública de San Fernando, quienes se han estado manifestando para exigir a SLEP y a la Dirección Provincial de Educación, sus legítimos derechos. Por mi parte, me preocupa la poca celeridad en los procesos de matrícula para los niños y niñas que, ya habiendo iniciado el año escolar, aún no tienen un cupo para iniciar -por ejemplo- su enseñanza media.
Por otro lado, la falta de transporte escolar es algo que preocupa y perjudica muchísimo a las familias sanfernandinas, pues se ve afectada la dinámica familiar -sobre todo- desde la perspectiva económica, opciones de desplazamiento y con especial énfasis en los niños y jóvenes que viven retirados de sus establecimientos educacionales y que no necesariamente, tienen locomoción colectiva a la puerta.
Toco este tema principalmente por empatía con cada padre y apoderado, porque éstas son situaciones que no se pueden callar. No podemos normalizar que nuestros niños y jóvenes no tengan un cupo para estudiar. La tómbola ha sido una medida con pésimos resultados y que incluso me resulta cruel. ¿Cómo se le explica un hijo que no puede ir a clases porque en ninguna escuela o liceo hay matrícula?
Es una situación grave y muy compleja, que no nos puede dejar indiferentes. Es por esto, que desde mi posición de ciudadano que siempre ha estado en terreno, pido a las autoridades en ejercicio que den pronta solución a esta problemática. No pueden seguir pasando los días y los estudiantes sigan en la incertidumbre respecto a si podrán o no iniciar sus años escolares.
Esto ya no se trata de si la educación es o no municipal. Lo concreto es que hay un servicio público, que es SLEP y que tiene a cargo los establecimientos públicos de cuatro comunas de la provincia y lamentablemente, no ha dado el ancho para cumplir con las necesidades de toda la población estudiantil. Es deber de todos nosotros, solicitar prontas soluciones, acelerar procesos y destrabar la burocracia. No nos puede conformar jamás la frase “estamos trabajando para abrir una mayor matrícula”, porque las palabras se las lleva el viento, las semanas pasan y las familias siguen en la incertidumbre de no saber qué hacer.
En este contexto, no somos indiferentes, ni los ciudadanos comunes y corrientes, ni menos quienes son autoridades municipales, provinciales, regionales y nacionales. Esto se debe solucionar pronto, no hay margen de error. No podemos hacer vista gorda a la evidente vulneración de derechos que están sufriendo cientos de estudiantes en San Fernando. El derecho a la educación existe y es deber de todos nosotros, velar por que se cumpla a cabalidad.
