En medio de la discusión sobre la Ley de Presupuestos para el 2023, resulta conveniente evaluar el cumplimiento y la ejecución del actual presupuesto del sector público para los gobiernos regionales. En este sentido, la región de O’Higgins muestra una ejecución presupuestaria preocupantemente baja, lo que perjudica la realización de políticas públicas para el resto del año.
Si se mira el dato hasta agosto, se ven cifras alarmantes: sólo el 35,4% ha sido ejecutado a nivel nacional. La situación es mucho más desalentadora para nuestra región, pues sólo se ha ejecutado el 28,7%. Dicho de otro modo, en solo cuatro meses las autoridades regionales deben ejecutar cerca del 70% de todo su presupuesto anual de inversión pública. Sin dudas, es una deficiencia en la gestión.
La lenta ejecución del presupuesto regional pone en riesgo la implementación de diversos proyectos de política pública que mejorarían la calidad de vida de las personas, como por ejemplo, el financiamiento a proyectos de agua potable rural, estudios para la factibilidad técnica de ampliación de caminos que mejoren la conectividad entre las comunas, entre muchos otros.
¿Cuáles son los elementos que han impedido una ejecución eficiente de estos presupuestos? Uno de ellos, es el nuevo cargo de Gobernador Regional. Es primera vez que existe una autoridad regional, elegida por la ciudadanía, encargada de la planificación y ejecución de políticas públicas. De la misma forma, persiste el debate sobre el diseño institucional de los gobiernos regionales. Un ejemplo es la aparentemente excesiva multiplicidad de funciones que debe cumplir la unidad de control, ya que incluye roles tan diversos como el seguimiento presupuestario, auditoría y fiscalización a la legalidad de acciones del gobierno regional. Pero, hay una razón global que resulta insoslayable: la falta de voluntad política y de responsabilidad de parte de las autoridades que debieron subsanar a tiempo estas dificultades y asegurar una ejecución presupuestaria razonable.
En definitiva, urge avanzar en mayor coordinación, entre el nivel central y los Gore; mejor planificación y seguimiento de compromisos de la unidad de control; y, finalmente, que las autoridades se tomen en serio la responsabilidad de administrar eficientemente el aparato público. Resulta inexplicable que ante las innumerables necesidades de las familias de Chile, en un año particularmente difícil, el sistema político sea incapaz de gestionar los recursos que están disponibles para ir en su ayuda.
Matías Riveros Jara
Coordinador Regional IdeaPaís O’Higgins
