El tiempo que hemos pasado en esta "nueva normalidad" en contexto de pandemia vino no solamente a cambiar costumbres que creíamos imposibles de lograr, también fue la cuna de un movimiento -todavía incompleto- de reivindicación jurídica para la protección de la familia y de la infancia en nuestro país.
Desde la posibilidad de retener el 10% de las AFP a quienes fueran deudores de pensiones alimenticias hasta la reciente Ley de Matrimonio Igualitario, el foco ha sido el reconocimiento por parte del Estado y los organismos públicos de la responsabilidad y necesidad de proteger a esta institución que nuestra legislación reconoce como núcleo fundamental de la sociedad.
Asimismo, se ha reforzado la importancia de la infancia y de su protección a través de diversas mociones presentadas por parlamentarios, algunas de las cuales han llegado a ser ley, como el reemplazo del Servicio Nacional para Menores por el Servicio Mejor Niñez.
Del mismo modo, nuestro país nos invitó a examinar hechos como el de familias que han experimentado muerte perinatal a través de la Ley Dominga, ordenando a las instituciones de salud la implementación de protocolos y acompañamientos psico-emocionales al núcleo que experimenta aquel duelo.
Incluso, luego de años esperando un pronunciamiento de nuestro Congreso que permitiese fortalecer las sanciones respecto de los deudores de pensiones alimenticias, se logró aprobar la Ley N° 21.389 que Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, norma que establece una nueva hipótesis de violencia intrafamiliar: el no pago de estas obligaciones.
Sorprendiendo a muchos, también se ha presentado una moción que eliminaría el todavía vigente Matrimonio Adolescente, estableciendo como requisito esencial para contraer matrimonio el que los contrayentes sean mayores de edad, a diferencia de lo que sucede actualmente, pues la ley permite a personas de 16 años, celebrar este contrato con autorización de sus ascendientes.
Finalmente, proyectos como los referidos a la protección contra la Violencia Vicaria, al permiso laboral de los cuidadores para asistir a exámenes médicos o de asegurar el cumplimiento efectivo de la pena para quienes cometan delitos graves contra la infancia, no sólo significan que el compromiso público para con la niñez y la familia se está fortaleciendo, sino que también la labor legislativa está tomando un rol activo en este.
No obstante, aunque los avances del mundo jurídico-legal deben ser conocidos y celebrados... no podemos olvidar que todavía queda mucho camino por recorrer, y que la mayor parte de este tiene que ver con un cambio de mentalidad en la educación y cultura, elementos indispensables para generar un verdadero cambio universal en estas materias. No hay que olvidar que la ley, como declaración de la voluntad soberana, no puede ser un elemento aislado de la realidad sociológica si pretende cumplir con los fines para los que fue diseñada; así, se hace fundamental destinar recursos para mejorar las implementaciones pretendidas, también para fiscalizar y regular transiciones como es el paso de SENAME a Mejor Niñez o la creación del Registro Nacional de Deudores, igualmente para permitir que normativa con enfoques en las materias mencionadas puedan verse plasmadas no sólo en el Diario Oficial, sino que en el cumplimiento efectivo de toda la sociedad.
La pandemia producto del Covid-19 todavía no ha terminado, y tampoco lo ha hecho la enfermiza indiferencia que se ha sostenido históricamente respecto a la familia y a la infancia, especialmente cuando se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, pero no hay que desistir, y tal como hemos enfrentado con vacunas y medicamentos este misterioso virus, somos capaces de unirnos en beneficio de la protección de nuestro núcleo fundamental.
Ignacia Vergara Caroca
Licenciada en Derecho
Pontificia Universidad Católica de Chile
