Educación y privatización

Dentro del conjunto de definiciones otorgadas al concepto de educación, es bien sabido actualmente que responde a un derecho básico que debe ser otorgado a todas las personas, sin reparar en sus condiciones o cualidades físicas, mentales, materiales o espirituales. Sin embargo, cuando un agente de cambio social tan importante se enmarca dentro de un contexto que lo limita, no se puede hacer mucho para aguantar con palos y piedras una guerra con armamento nuclear. Dicho de otra forma, en lo que viene a ser una crítica al modelo neoliberal que impera en Chile desde fines del siglo XX, es posible encontrar incoherencias entre la educación y los diversos sistemas de gestión que la sustentan. Por ejemplo, un sistema de cupones que beneficia a los establecimientos con mayor cantidad de alumnos puede resultar obvio para un funcionamiento ideal según las necesidades del caso; sin embargo, esta óptica niega y oculta problemas de fondo que es necesario atender, como es el caso de los liceos municipales inmersos en un ambiente donde los establecimientos privados van al alza.

Con el fin de profundizar en lo anterior, podemos definir el sistema de cupones o vouchers que, a grandes rasgos, se basa en la financiación estatal por alumno al establecimiento educativo en que éste se inscribe, y así como es bien sabido que copiar un puñado de elementos de naciones desarrolladas no nos convierte precisamente en una de ellas, sería una falacia señalar que el sistema es infalible sólo porque opera actualmente en países europeos y algunas regiones norteamericanas. Chile posee una realidad distinta que -sin la intención de realizar una nivelación hacia abajo- no permite que un sistema de mercado se apodere de una institución tan sensible, donde ya existe un alto índice de desigualdad en materia de recursos, y donde la movilidad social a nivel país ya es escasa¹. Es por esto que resulta a lo menos ilógico que se establezca una forma de funcionamiento que beneficie a la competencia por sobre la necesidad y ejercicio de un derecho.

Hecha la contextualización del problema, es hora de analizar concretamente cómo se visualiza la desigualdad provocada por los sistemas de mercado, y la mejor forma de hacerlo es observando las cifras de matrículas en establecimientos públicos y privados. Por una parte, los establecimientos particulares o fundaciones subvencionados han mostrado un aumento sistemático en matrículas, lo que les deja en mejor posición para recibir apoyo financiero por parte de los organismos estatales. A su vez, algunos establecimientos subvencionados han sido capaces de encontrar un equilibrio económico que les permite cobrar menos a corto y largo plazo en pro de admitir o acoger a más alumnos, pero no debemos olvidar que esa es sólo una parte de la realidad a la que no todos tienen acceso. Los establecimientos municipales, por otro lado, han visto sus matrículas fuertemente reducidas ante este panorama, lo que se traduce en un recorte no menor en materia financiera. De esta forma, algunos establecimientos crecen mientras otros se precarizan de forma paulatina, afectando a todos los engranajes de la comunidad escolar.

No podemos permanecer ciegos ante la situación descrita. Realizando una comparación con la metáfora aquella de "la pistola no tiene la culpa, sino aquel que la dispara", las fundaciones privadas o subvencionadas no tienen una culpa tan sustancial ante esta desigualdad, sino que más bien juegan un rol que se beneficia de un mal subyacente a él, que es la idea de capitalizar un derecho para darle características de un servicio que puede irse a la quiebra si no se invierte debidamente en él². Y es esta lógica la que permite entender a grandes rasgos la forma en que se ven los problemas estatales, pues el fracaso de un establecimiento público no estaría dado por sus bajos rendimientos académicos en pruebas estandarizadas, o porque los alumnos no aprenden (porque podrían hacerlo y obtener mejores resultados, como es el caso de las escuelas rurales que destacan en resultados SIMCE pese a la poca iniciativa financiera), sino que estaría condicionado por la competencia que ofrece un mejor servicio a precios módicos, resguardados por recursos que correspondían precisamente al establecimiento que fracasó.

Una objeción válida hasta cierto punto podría ser que los recursos no le corresponderían realmente a los establecimientos públicos, si vimos que no están recibiendo alumnos o cupos, pero la razón de esto es porque los organismos estatales no proyectan en sus establecimientos unas condiciones base para un funcionamiento idóneo, elementos que un proyecto privado sí tiene las facultades de proveer. Ante esto, una solución puede ser plantear un tipo de inversión que permita a los establecimientos funcionar en igualdad de condiciones con sus pares subvencionados o privados, sustentando la idea de Reimers & Schleicher, quienes mencionan que la red educativa debe "asegurar que los líderes escolares obtengan el apoyo financiero, logístico y moral que necesitan para tener éxito"³, que, si bien no eliminaría la brecha educativa, podría dar un respiro en un probable escenario en que las políticas neoliberales en educación persistan.

En conclusión, cuando un sistema económico determinado es capaz de trascender a uno o más gobiernos, las agendas políticas empiezan directamente a actuar en función de los intereses financieros de quien maneje los medios de producción. En este sentido, no existe en nuestro país un colectivismo que aúne los intereses de la comunidad respecto de derechos básicos como salud, vivienda o educación, sino más bien un corporativismo que vela solo por una competencia donde los recursos no son asignados de manera equitativa, sino como mejor benefician y reditúan a quienes proveen los ingresos fiscales estatales de la nación.

Una certera visión, que desnuda y expone crudamente la idea anterior, es la que expresa el lingüista y filósofo Noam Chomsky, al señalar que "el papel del Estado es proveer seguridad y apoyo a los intereses de los sectores privilegiados y poderosos de la sociedad, mientras que al resto de la población se la abandona para que experimente la realidad brutal del capitalismo. Socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres"⁴; explicando así los problemas en la educación y su génesis en modelos para los que en definitiva ésta solo se traduce en cupones e inversiones.

Álvaro Farías Fuenzalida
Estudiante de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
Universidad Católica del Maule