El proceso constituyente que está en curso en nuestro país, abierto quizás desde las movilizaciones estudiantiles del 2006 y 2011, y que tras el estallido del 18O la fuerza de la movilización social, logró instalar un calendario institucional que abre un mecanismo para que chile decida si quiere o no una nueva constitución. ¿Pero qué contenidos discutir en esta eventual nueva constitución?
Diversos análisis en torno al “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” han puesto en el debate público una preocupación central sobre la elaboración de una nueva Carta Magna: la necesidad de que esta consagre, de manera efectiva, los derechos específicos de los grupos históricamente vulnerados, tales como las mujeres, las disidencias sexuales, los pueblos indígenas, los niños, niñas y adolescentes entre otros. De no hacerlo, la nueva Constitución reproducirá la Invisibilización y discriminación de estos sectores de la población.
Lo primero es comprender que, si bien una Constitución no modifica la realidad por su sola existencia, señala un marco de principios que nos permitirá reconocernos como sujetos individuales y colectivos.
La relación con los pueblos originarios, no seguir disolviéndolos dentro del “pueblo chileno” y asumirnos como un estado plurinacional que expresa la diversidad que existe en nuestra cultura, es un tema que seguramente estará presente en la discusión constitucional.
La pandemia originada por el covid19 ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema de protección social construido bajo el paradigma del estado subsidiario. La salud, la educación, las pensiones, hoy en chile, son otro nicho más de negocio para el sector privado y reduce al estado a un rol de regulación, pero no de ser responsable de garantizar la seguridad social. Este es otro tema ineludible en el debate.
Sólo en 1999 el inciso primero del artículo 1º de la Constitución actual la expresión “los hombres” se modificó por el de “las personas”, y se agregó al artículo 19 la oración ''hombres y mujeres son iguales ante la ley”. “ Una constitución con enfoque de género es otro de los temas que el proceso constituyente debe abordar y establecer principios que establezcan la equidad de género.
El problema ambiental está hoy en nuestras manos. Asedia como interrogante fundamental a todos los habitantes del mundo. Además, nos interpela en nuestra propia condición individual en tanto ciudadanos de una nación. Cambiar el paradigma, entender la naturaleza como sujeto de derechos y esto, por cierto, significa establecer un modelo de desarrollo que no deprede nuestros ecosistemas. La propiedad del agua y de los bienes comunes, privada, estatal, comunitaria, es sin duda, un debate central de cara al proceso constituyente.
La estructura orgánica de la constitución, aquella que Roberto Gargarella llama la “sala de máquinas” y que es dónde se gestiona y distribuye el poder, se establecen las instituciones, como, por ejemplo, el tipo de régimen político. Hoy chile tiene un sistema hiper presidencial, con dos cámaras, con un único centro de poder centralizado y una concepción homogénea y no diversa de la nación.
¿Queremos un estado unitario o federal? ¿un régimen presidencial, semi presidencial o parlamentario? ¿Un estado unitario o plurinacional? ¿Un congreso bicameral o unicameral? ¿una democracia liberal representativa o una radical participativa? ¿Cuánto poder directo vamos a transferir a la ciudadanía mediante, por ejemplo, iniciativas populares de ley o plebiscitos revocatorios para cualquier cargo de elección popular?
Sin duda, los contenidos a debatir para una nueva constitución son diversos y no es un tema de expertos juristas, sino del conjunto de la sociedad que debemos involucrarnos organizadamente e incidir en el proceso constituyente que define, al final del día, como queremos que sea la sociedad que vivimos.
Por: Alejandro Herrera
