Finalmente el viernes 24 de julio el Presidente Sebastián Piñera, promulgó la ley que autoriza el retiro del 10% de los fondos de los cotizantes en AFP. La ley se consiguió producto de la presión y movilización ciudadana que obligaron a la derecha, al gobierno y esa parte de la oposición que suele alinearse con los proyectos del gobierno; a legislar de acuerdo a lo que la mayoría de la población solicitaba.
Ahora continúa la lucha por aplicar un impuesto al patrimonio de los súper ricos y aprobar el cambio de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente.
A pesar de todos los esfuerzos y argumentaciones del gobierno, finalmente en este caso la voluntad popular se impuso, el congreso aprobó la lay de retiro del 10%, el gobierno no se atrevió a vetarla ni a llevarla a consideración del Tribunal Constitucional y finalmente se vio obligado a promulgarla. Ha sido un éxito de la movilización ciudadana. Cabe ahora estar atentos a que los fondos puedan ser retirados de modo expedito, sin dilaciones y sin las tradicionales letras chicas a que nos ha acostumbrado este gobierno.
Si bien el retiro de una parte de los fondos depositados en las AFP ha sido un logro del movimiento popular y un alivio económico para una parte de la población que se encuentra con sus ingresos mermados como consecuencia de la pandemia de coronavirus, no podemos olvidar que se avecina una serie de eventos electorales que parten con el Plebiscito Constitucional del domingo 25 de octubre próximo y que el parlamento continua elaborando leyes.
El plebiscito es un evento importante de la lucha de los chilen@s por construir un país más justo, con mayor protección social y con un marco legal que impida los abusos cometidos por el gran empresariado contra la población. Hay alguna incertidumbre respecto de su realización en parte por los efectos de la epidemia de Covid-19, que son amplificados por sectores a los que no le conviene su realización.
El plebiscito es una conquista de la movilización, su realización, el APRUEBO del cambio de constitución y la opción por una Convención Constituyente con la totalidad de sus miembros elegidos por votación popular, será consecuencia directa del deseo de cambios de una gran parte de las y los chilen@s, que se manifestó claramente durante el reciente estallido social. Si bien las condiciones establecidas para su realización no son las que permiten, de manera más amplia, la expresión de la voluntad popular como en una verdadera Asamblea Constituyente -no hay que olvidar que las condiciones de su realización las estableció un acuerdo entre parlamentarios de derecha y de oposición más bien cercanos a la derecha, con exclusión de los sectores políticos progresistas- es la mejor oportunidad que el país ha tenido para realizar un cambio de Constitución, que permita avanzar en justicia social y en un nuevo modelo de desarrollo menos desigual para nuestro país.
Mientras, en el congreso avanza la tramitación del proyecto de reforma constitucional que permitiría aplicar, por una vez, un impuesto del 2.5% a los multimillonarios del país, (los que tienen un patrimonio superior a los 22 millones de dólares) es la batalla que se viene en el Parlamento. El impuesto a los súper ricos. El objetivo es allegar mayores recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive con ocasión de la pandemia de COVID-19. El establecimiento de este impuesto podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$ 6.500 millones.
La iniciativa la promovió la Bancada Parlamentaria del Partido Comunista (PC) y se comenzará a analizar la semana próxima en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Luego se debería cumplir el trámite legislativo en donde se espera existan los votos necesarios. Habría un amplio apoyo en la oposición e incluso de parte de parlamentarios oficialistas.
Hace semanas, desde el gobierno, la derecha y el empresariado se tildó de inviable y hasta inadmisible la iniciativa, algunos llegaron a decir que era una ilusión pretender aplicar un impuesto excepcional a los súper ricos. Pero el hecho es que el tema está instalado en el Parlamento, se discutirá y probablemente se votará.
La discusión en la Comisión de Constitución se dará a una semana de que el Congreso Nacional aprobó por una amplia mayoría la reforma que posibilita a todos los afiliados a retirar el 10% desde sus fondos previsionales que están en las AFP. Algo que en su momento también se vio con escasas posibilidades de resultar.
Gabriel Rojas Oyarce
Contador Público y Auditor
Licenciado en Auditoria
Dirigente PC San Fernando.
