El proyecto de ley que permite a los trabajadores retirar un 10 % de sus fondos acumulados en las AFP y su trámite en el congreso se han tomado la agenda nacional.
Esto ocurre, en parte, por la apremiante situación económica que viven muchas familias chilenas derivada de la crisis provocada por el coronavirus y que necesitan de manera urgente recursos para su subsistencia, que hoy de acuerdo a cifras oficiales la cesantía alcanza a 11.2%, pero sumando cesantes, desocupados y trabajadores con contrato suspendido; el total de personas sin ingreso rondaría el 30% de la masa laboral. Pero también está motivada por el alto nivel de desprestigio del sistema de AFPs derivado de las exiguas pensiones que paga a los afiliados que jubilan y que en muchos casos no alcanzan siquiera para igualar el sueldo mínimo, dejando a trabajadores de la llamada clase media, en condición de pobreza al momento de jubilar.
Según datos de la Superintendencia de Pensiones, a diciembre de 2019, el 50% de las 985 mil personas jubiladas que recibieron una pensión de vejez, obtuvieron menos de $202 mil ($145 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado).
Por otro lado, las AFP en el año 2019 aumentaron sus utilidades en un 59% respecto al 2018. La revisión de las cifras muestra con claridad el fracaso del sistema de AFPs, como respuesta a las aspiraciones y necesidades de los trabajadores que completando una vida de trabajo esperan acogerse a jubilación y vivir una vida digna en condiciones similares a las que tenían durante su vida laboral.
Sin embargo, las AFP y sus dueños no son los únicos grandes beneficiados con este sistema, ya que el ahorro de los trabajadores que alcanza a US$195.130 millones de dólares -equivalentes al 80,7% del PIB de Chile- se ha constituido en un importante elemento del sistema macroeconómico chileno, que opera como fuente de financiamiento fresco para los grandes grupos económicos que operan en el país.
Una investigación de la Fundación SOL muestra que los 6 grupos económicos de capitales nacionales que operan en Chile, que reciben las mayores inversiones desde los fondos de pensiones, son: Luksic, Said, Saieh, Yarur, Matte y Solari.
Por otro lado, el sistema de AFP tampoco produce ahorros al presupuesto nacional, en Chile cerca de cuatro quintas partes de lo que el país gasta en pensiones los financia el estado y solo un quinto es pagado por las AFP.
Teniendo a la vista estos datos, se entiende con claridad por qué importantes personeros de las asociaciones empresariales, de la derecha y del gobierno de Sebastián Piñera defienden tan arduamente el sistema de AFP.
Hoy el proyecto de retiro del 10% de los fondos de los cotizantes ha puesto en jaque al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones y a sus grandes defensores.
El peso de la opinión pública que por un lado atraviesa un momento de gran necesidad de recursos económicos y, por otro, ya se ha percatado de que el sistema de AFP sólo beneficia al empresariado más rico del país y no a los trabajadores, ha generado condiciones políticas favorables para que este proyecto avance. Sin embargo aún restan trámites en el congreso y el gobierno todavía tiene la opción de bloquear el proyecto con vetos o llevándolo al inefable Tribunal Constitucional.
Quienes somos partidarios de que el proyecto de ley que permite a los trabajadores retirar un 10% de sus fondos en las AFP sea realidad, debemos estar atentos a los pasos que este sigue en su tramitación manifestando nuestra opinión y movilizándonos para que se haga realidad. Es también momento de observar la actuación de las distintas fuerzas políticas, parlamentarias y parlamentarios, para premiar o sancionar sus actuaciones al momento de las reelecciones.
Gabriel Rojas Oyarce
Contador Público y Auditor
Licenciado en Auditoria
Dirigente PC San Fernando