El pasado lunes 25 de mayo el mundo entero se conmovió al ver cómo un policía estadounidense, con una frialdad espeluznante, mantenía retenido en el suelo a una persona poniendo con fuerza la pierna sobre su cuello. A pesar de las súplicas del ciudadano norteamericano y de los reclamos de los transeúntes, el policía no aflojó y se mantuvo en esa posición por más de ocho minutos, causándole la muerte. El nombre de la víctima era George Floyd, tenía dos hijos y no había cometido delito alguno ni opuesto resistencia a la detención.
Las reacciones de indignación desembocaron en fuertes y masivas protestas a lo largo de todo el país, puesto que las imágenes del asesinato de Floyd dejaron al desnudo una cruda realidad: el racismo y la xenofobia, que han permeado toda la historia de EEUU, sigue siendo una problemática vigente y profundamente arraigada en la sociedad norteamericana. Esto se traduce en discursos y prácticas racistas y xenófobas en el imaginario de la sociedad estadounidense, ideas que están plasmadas en la institucionalidad y la legislación del país del norte. No obstante, al realizar dicho análisis nos preguntamos: ¿qué tan lejanas se encuentran las medidas institucionales de nuestro país con lo que acontece en Estados Unidos con respecto a las comunidades que son foco de prácticas racistas?
Corría el año 2018 cuando el gobierno de Sebastián Piñera, mediante vía administrativa y sin considerar al Congreso, realizó una reforma a la Ley de Migración con el fin de "establecer una nueva legislación que garantice una migración segura, ordenada y regular". La urgencia de llevar a cabo la modificación de la ley era la creciente llegada de migrantes en los últimos años al país. Una parte de ellos se encontraba en situación de irregularidad y, por lo tanto, se necesitaba "poner en orden la casa".
A grandes rasgos, la modificación a la Ley de Migración impulsada por el Gobierno implica la creación de categorías de migrantes titulares y dependiente, donde los primeros tienen la posibilidad de ser transitorios a obtener una residencia temporaria y luego poder solicitar la permanencia definitiva en el país, proceso que los migrantes dependientes no pueden realizar. Este mecanismo fomenta las desigualdades entre migrantes y refuerza el sistema patriarcal. Por otro lado, la única opción de solicitar una residencia es cuando existe un familiar viviendo en territorio chileno, la que sólo se puede entregar vía consular, es decir, pidiendo la residencia en el consulado chileno situado en el país de origen del migrante. Además, niega el derecho constitucional a sufragio para los migrantes y, a su vez, agiliza los procesos de expulsión de los migrantes a sus países de origen.
La necesidad de modificar la ley de migración fue con la intención de controlar el número de migrantes que entran a Chile, para de ese modo poder tener una migración segura y regularizada en el país. Sin embargo, las consecuencias fueron diferentes a lo esperado: luego de la modificación a la ley, el número de migrantes que continuó arribando a Chile no disminuyó, sino que se mantuvo relativamente estable. Lamentablemente, y pese a que el planteamiento oficial de la ley apuntaba justamente a lo contrario, lo que sí aumentó fue el número de migrantes irregulares presentes en el país.
La situación de irregularidad trae consigo que los migrantes se vean privados de derechos, tales como no poder firmar un contrato de trabajo, imposibilidad de renovar su cédula de identidad, no recibir la asistencia estatal, etc. Además, se exponen a recibir multas económicas e incluso ser expulsados del país; entre otras consecuencias. Ante esta situación de irregularidad, muchos migrantes se ven en la obligación de desempeñarse en labores informales, las cuales en ocasiones no cumplen con las condiciones mínimas que exige el Código Laboral y que rigen para los trabajadores en territorio nacional. Esto obliga a los migrantes a vivir en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento, lo cual disminuye en gran medida las opciones de las que disponen para integrarse a la sociedad chilena.
Para concluir podemos ver que detrás de las medidas implementadas por el gobierno existen sesgos racistas que obstaculizan el desenvolvimiento de los migrantes en territorio chileno y, con ello, el de nuestra sociedad en su conjunto. A la vez, estas políticas terminan creando una masa de trabajadores de migrantes irregulares que, con tal de ganarse la vida, se ven obligados a trabajar en condiciones paupérrimas y por rentas reducidas, exponiéndose al abuso de muchos empresarios que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad. De este modo, las actuales medidas, más que buscar una migración segura y ordenada, terminan perpetuando las condiciones de irregularidad de los migrantes, profundizando las lógicas de abuso y desigualdad contra las que los chilenos alzamos la voz el dieciocho de octubre del 2019.
Por: Danilo Tapia, sociólogo y Alejandro Herrera, presidente ONG Joane Florvil.
