La profunda crisis social, política y sanitaria que vive Chile, obliga a la política a repensar sus prioridades para responder a las necesidades que la sociedad está planteando. En este proceso, en la misma medida que requiere avanzar en una agenda social que se haga cargo de las urgencias populares, así como un proceso constituyente de carácter refundacional para construir un pacto social que nos incluya a todos y todas, requerimos con urgencia una estrategia que permita recuperar el Orden Público, terminar con los actos delictivos, proteger el derecho a la manifestación, y, sobre todo, reestablecer los estándares de garantías y protección de los Derechos Humanos.
Los lamentables casos de corrupción al interior de carabineros, la operación huracán, la violación sistemática a los DDHH evidenciada durante el estallido social, que en San Fernando también sucedieron, tienen su origen, principalmente, en la autonomía de carabineros respecto al poder civil y el carácter militarizado de su cultura y su funcionamiento, herencia de la dictadura cívico militar y mantenida en democracia han configurado una institución que no cumple ni rinde cuentas por las funciones que le asignan la Constitución y las leyes; que tolera las irregularidades, los privilegios; desincentiva el profesionalismo y la transparencia; y que ejerce sus atribuciones sin consideración del rol que le cabe respecto del respeto y protección de los derechos de las personas.
Chile necesita que su nuevo pacto social incluya una refundación 3 de nuestras fuerzas de orden y seguridad que tenga como eje una policía civil, al servicio de la protección de las garantías constitucionales y los Derechos Humanos.
Transversalmente, se ha sugerido la dedicación exclusiva de carabineros a labores de prevención del delito y esto, en una primera medida, debe significar el inmediato traslado de la dependencia de carabineros de la subsecretaría de interior a la subsecretaría de prevención del delito. Esta subsecretaría deberá hacerse cargo de redactar los protocolos de uso de la fuerza, del control de los gastos financieros y los procedimientos disciplinares. Para apoyar en el control civil, proponemos un Comité Interministerial de evaluación integral de las políticas públicas de la policía que incluya a la subsecretaría de prevención del delito, a la de Derechos Humanos, la de Salud Pública, de Evaluación Social y de la Mujer y Equidad de Género. El objetivo es asegurar una orientación hacia la prevención del delito, la protección de libertades públicas y derechos humanos.
Chile necesita y merece una policía profesional y eficaz que se vuelque a resolver los problemas de las comunidades en las cuales se inserta. Para ello, sus principios operativos se deben orientar a estrechar un vínculo profundo con las comunidades con las que trabajan y a las que sirven, a través de coordinación con las municipalidades y un esfuerzo en profundizar el conocimiento específico de sus necesidades. Esta policía debe contar con canales abiertos de comunicación con la comunidad, tanto para educar en prevención del delito, como en permitirle a las fuerzas de orden aprender de las personas, comunidades y relaciones sociales que deben proteger. A esto nos referimos con una policía comunitaria y no militarizada. El escalafón único es otra medida necesaria en el cambio de paradigma.
En el proceso constituyente, sin duda el rol de las policías en el nuevo pacto social es un tema y esta columna pretende ser una provocación a este debate, a propósito de un nuevo aniversario de la fundación de Carabineros.-
Alejandro Herrera
