"Hace más de 9 meses que el cuerpo docente de los 21 establecimientos educativos municipales de la comuna de San Fernando, llevan recibiendo sus sueldos parcelados y atrasos constantes en sus cotizaciones, lo que ha llevado a un paro indefinido por parte del profesorado y los asistentes de la educación; y a una serie de acciones por parte de distintas autoridades para tratar de dar solución al crítico déficit financiero que tiene la Corporación Municipal -la que supera los $8 mil millones-, generando una crisis educacional sin precedentes en la Región de O´Higgins", dijo la diputada Alejandra Sepúlveda.
Es dentro de este marco y a causa de diferentes acciones, que la legisladora impulsó con el apoyo de otros parlamentarios de la Comisión de Educación, un oficio para que la Contraloría General de la República dictaminara que la Superintendencia de Educación está facultada para nombrar un interventor o administrador provisional para los 21 centros educacionales, estableciendo como criterio excepcional e inédito en el país la intervención de la totalidad de los establecimientos en crisis.
"Después de luchar por más de nueve meses, en que hemos visto como nuestros profesores, asistentes de la educación, apoderados y alumnos han luchado por el derecho justo y básico de educarse en circunstancias dignas, por fin podemos decir que la educación pública de San Fernando tendrá un interventor, lo que estoy segura, que es el inicio a la solución de la crisis que la Cormusaf generó por tanto tiempo de una gestión nefasta que raya en la ilegalidad, por lo que también seguiremos adelante con todas las acciones legales para que los responsables respondan", aseguró la Diputada Alejandra Sepúlveda.
La parlamentaria sostuvo: "Lo que aquí importa es que los recursos destinados a la buena educación de los niños y jóvenes de San Fernando, podrán contar con una figura seria que es el interventor, que viene a ordenar y destinar fondos públicos para lo que fueron asignados, que es el buen funcionamiento y la mejora continua de la educación púbica sanfernandina, porque educarse es un derecho que no vamos a permitir que se vuelva a vulnerar".
Luego del dictamen del Contralor Jorge Bermúdez, el siguiente paso es esperar el pronunciamiento de la Superintendencia de Educación, la cual es la encargada de nombrar al interventor./
